MÉXICO.— La Secretaría de Gobernación (Segob) concluyó la revisión interna de una propuesta para actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947, con el objetivo central de fortalecer el combate contra la evasión fiscal y el lavado de dinero en casinos y negocios de apuestas.
La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, informó que el proyecto será remitido al Gabinete de Seguridad para su evaluación antes de avanzar hacia una presentación formal. Hasta ahora no se ha difundido el articulado definitivo, por lo que todavía no es posible determinar con precisión el alcance que tendría sobre establecimientos físicos y plataformas digitales.
Segob revisa las operaciones del sector
Como parte del proceso, Rodríguez sostuvo reuniones con empresarios de casinos y centros de entretenimiento. La funcionaria advirtió que los establecimientos podrían ser cerrados inmediatamente cuando las autoridades detecten irregularidades, mientras que los servidores públicos presuntamente involucrados enfrentarían procedimientos penales.
La secretaria también explicó que el cierre de alrededor de 20 casinos responde a investigaciones penales y fiscales coordinadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De acuerdo con lo expuesto, estas acciones no obedecen únicamente a faltas administrativas.
Las autoridades solicitaron a los empresarios cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales. Además, indicaron que las visitas de inspección deben ser grabadas con dispositivos móviles tanto por los supervisores como por los representantes de los negocios, como una medida para dejar constancia del procedimiento.
¿Cómo funciona la regulación vigente?
Actualmente, los casinos y las apuestas deportivas están regulados por la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 y su reglamento. La Segob administra este marco mediante la Dirección General de Juegos y Sorteos, responsable de los permisos para operar.
Tanto los establecimientos físicos como las plataformas digitales requieren autorización de la dependencia. Según la normativa descrita, los sitios de apuestas en línea no cuentan con licencias digitales completamente independientes, sino que deben estar vinculados con permisionarios autorizados y mantener en México sus servidores e infraestructura.
Las compañías del sector también son consideradas sujetos obligados por la legislación para la prevención del lavado de dinero. Esto implica identificar a sus usuarios y reportar las operaciones relevantes a la UIF y al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Asimismo, está prohibido el acceso de menores, existen límites para otorgar créditos a apostadores y la publicidad debe incluir la clave del permiso correspondiente y advertencias sobre juego responsable.
Un mercado digital en crecimiento
La discusión ocurre mientras las apuestas en línea ganan presencia en México, impulsadas por el uso generalizado de teléfonos inteligentes y la expansión de los pagos digitales. Las cifras incluidas en el material señalan que los dispositivos móviles y las tabletas concentran 63.9% de la actividad del sector.
Proyecciones atribuidas a Mordor Intelligence estiman que el mercado mexicano de apuestas en línea pasaría de 790 millones de dólares en 2025 a mil 90 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 8.6%. La Copa Mundial de Futbol de 2026 también forma parte de las expectativas comerciales de una industria que anticipa mayor actividad alrededor de los encuentros deportivos.
Publicidad y bonos, otro frente de discusión
De manera paralela a la reforma preparada por Segob, se discuten iniciativas para endurecer las reglas publicitarias. Una propuesta del diputado capitalino Alberto Martínez Urincho, de Morena, plantea limitar la participación de influencers, celebridades y deportistas en promociones de apuestas.
Ese proyecto también propone retirar anuncios de transmisiones deportivas, aplicar controles biométricos para impedir el acceso de menores y prohibir incentivos como los bonos de bienvenida. Sin embargo, se trata de una propuesta distinta, y el material disponible no confirma que esas medidas formen parte del documento elaborado por Segob.
El impacto real sobre los operadores dependerá del contenido final, los plazos de aplicación y las obligaciones que se incorporen. Mientras no se conozca el texto completo, resulta prematuro afirmar que la reforma será un obstáculo definitivo para el sector, aunque sí anticipa una supervisión fiscal y financiera más estricta.
