México.- La consejera electoral Carla Humphrey pidió investigar si existió una posible triangulación entre empresas o grupos corporativos en el contrato para producir las credenciales para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades y conflictos de interés.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Humphrey sostuvo que las indagatorias deben llegar “hasta las últimas consecuencias” y que el organismo tiene que abrir la información necesaria para determinar si hubo responsabilidades. También planteó la posibilidad de realizar una auditoría externa, además de las revisiones internas y aquellas que correspondan a otras autoridades fiscalizadoras.
La consejera aclaró que las integrantes del Consejo General no intervienen directamente en los procesos de contratación, adjudicación o licitación. Por esa razón, afirmó que no cuenta con información oficial que le permita establecer una relación entre el contrato y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado como una persona cercana a Guadalupe Taddei.
No obstante, consideró necesario revisar si pudo presentarse alguna triangulación entre compañías vinculadas con las personas involucradas. Subrayó que corresponderá a las autoridades competentes determinar la existencia de irregularidades y, en su caso, establecer responsabilidades y sanciones.
Retrasos en la entrega de credenciales
Humphrey explicó que, como presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, presentó en distintas sesiones asuntos relacionados con retrasos en la entrega de credenciales y cuestionamientos sobre el cumplimiento del contrato.
De acuerdo con su relato, el plazo de entrega pasó de cinco o siete días a periodos de hasta mes y medio. Ante esa situación, la comisión solicitó explicaciones al Registro Federal de Electores y planteó la aplicación de penas convencionales por posibles incumplimientos contractuales.
Los informes fueron presentados ante la mesa de consejerías y el Consejo General, agregó. La consejera también mencionó una contratación por 66 millones de pesos que habría sido observada por el Órgano Interno de Control debido a presuntas irregularidades.
Cuestiona concentración de facultades
Humphrey afirmó que la salida de Taddei de la presidencia del INE representa un momento grave para la institución y obliga a revisar su funcionamiento interno. Cuestionó especialmente una modificación legal aprobada en octubre de 2024 que, según explicó, concedió mayores atribuciones a la presidencia para designar unilateralmente a funcionarios de alto nivel.
Recordó que el Consejo General se integra por 11 consejerías y que su presidencia debe funcionar como una primera entre pares. Sin embargo, señaló que la reforma afectó la colegialidad y la corresponsabilidad en la toma de decisiones, por lo que ella y otros integrantes promovieron una controversia constitucional.
También denunció dificultades para acceder a información institucional y afirmó que existió un “continuo bloqueo” frente a solicitudes realizadas formalmente por las consejerías. Aseguró que durante el periodo referido se registraron más de 800 renuncias dentro del instituto, aunque no precisó en la entrevista la situación individual de cada caso.
Pide recuperar la confianza en el INE
Pese a sus cuestionamientos sobre la administración, Humphrey llamó a diferenciar esas decisiones de la estructura técnica responsable de organizar las elecciones. Señaló que el Servicio Profesional Electoral constituye la columna vertebral del instituto y aseguró que el personal continúa trabajando en el proceso electoral.
La consejera sostuvo que el objetivo inmediato debe ser recuperar la colegialidad, la transparencia y la confianza ciudadana. Consideró que quien asuma provisionalmente la presidencia deberá consultar las decisiones relevantes con el Consejo General, aun cuando conserve legalmente las facultades otorgadas al cargo.
El Consejo General deberá definir una presidencia provisional mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para realizar el nombramiento definitivo. Humphrey estimó que ese proceso podría tardar entre cinco y seis semanas debido a sus distintas etapas constitucionales.
Mientras tanto, las consejerías solicitaron un diagnóstico de las áreas del instituto para identificar puestos vacantes, revisar las condiciones internas y valorar posibles cambios. Humphrey afirmó que cualquier decisión deberá tomarse por consenso y privilegiar perfiles técnicos, solventes y con experiencia, especialmente porque el INE se encuentra en medio de un proceso electoral.
