Ciudad de México.— El paro nacional de transportistas evidenció este lunes las diferencias entre las organizaciones del sector: mientras agrupaciones de carga exigieron la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, otras rechazaron los bloqueos carreteros y acordaron establecer una agenda de trabajo con el Gobierno federal.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas y la Federación Mexicoamericana de Transportistas solicitaron acuerdos verificables, responsables y con fechas definidas de cumplimiento.
Entre los principales problemas señalados por estas organizaciones se encuentran la inseguridad en las carreteras, el deterioro de la infraestructura y el incremento de los costos de operación. Los transportistas también denunciaron extorsiones, robos, asesinatos, cobros excesivos y sobrerregulación.
Las agrupaciones que respaldaron el paro sostuvieron que los compromisos establecidos con la Secretaría de Gobernación desde febrero de 2024 no se han traducido en soluciones suficientes. También subrayaron que sus demandas no se limitan a temas fiscales.
Otras organizaciones acuerdan mesas de trabajo
En contraste, la Secretaría de Gobernación informó que representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y la Asociación Nacional de Transporte Privado manifestaron su rechazo a los bloqueos que afectan a la ciudadanía y expresaron su disposición a negociar.
Estas organizaciones también presentaron demandas relacionadas con seguridad carretera, infraestructura, estímulos fiscales, transporte irregular, abusos de autoridad, tarifas de peaje y condiciones generales de operación.
Después de una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, las agrupaciones acordaron una agenda de trabajo para esta semana. Las reuniones contemplan asuntos del ámbito federal y estatal con autoridades de seguridad, infraestructura y trabajo, así como con representantes de la Guardia Nacional.
Gobernación reiteró su postura de que no es necesario recurrir a bloqueos carreteros para presentar las demandas del sector, debido a las afectaciones que estas acciones pueden ocasionar a la población.
Organizadores del paro piden diálogo con Sheinbaum
Los transportistas que mantuvieron su respaldo al paro explicaron que no asistieron a la reunión con Gobernación. Argumentaron que requieren decisiones al más alto nivel y acuerdos directos con la presidenta Claudia Sheinbaum.
También señalaron que al encuentro fueron convocadas asociaciones que, según su versión, no forman parte del movimiento. Sin embargo, aclararon que su decisión de no acudir no representa una negativa a mantener el diálogo con las autoridades.
Las organizaciones promotoras aseguraron contar con manifestantes en las 32 entidades del país y cuestionaron el balance presentado por Gobernación. La dependencia federal reportó que hasta las 09:30 horas había 38 puntos de protesta en 19 estados, con la participación de 691 vehículos y 858 personas.
El paro fue anunciado por tiempo indefinido e incluyó convocatorias para realizar caravanas, concentraciones y estacionamiento de unidades. Sus organizadores afirmaron que las movilizaciones serían pacíficas, aunque reconocieron que podrían generar repercusiones económicas.
En Ecatepec, Estado de México, una caravana avanzó sobre la autopista México-Pachuca para exigir mayor seguridad en las carreteras. La movilización provocó largas filas de vehículos con dirección a la Ciudad de México, antes de que autoridades de tránsito detuvieran su avance cerca de Indios Verdes.
En Culiacán, Sinaloa, transportistas afiliados a Canacar se sumaron al paro y bloquearon momentáneamente la avenida La Costera. Los participantes demandaron mayor seguridad en las vías federales y una reducción de las cargas fiscales que, afirmaron, afectan la operación del sector.
Presidenta atribuye inconformidad a ajuste fiscal
Durante su conferencia diaria, la presidenta Sheinbaum señaló que la principal inconformidad está relacionada con un ajuste previsto para 2027 en un beneficio fiscal vinculado con el pago de peajes.
La mandataria aseguró que la modificación afecta a 170 empresas y que se mantiene el apoyo para los pequeños transportistas. Sobre las exigencias de seguridad, indicó que son atendidas mediante reuniones permanentes con autoridades federales.
Mientras continúan las protestas y las mesas de trabajo, las diferencias entre las organizaciones mantienen dividido al sector sobre la estrategia para conseguir respuestas: sostener las movilizaciones o avanzar mediante negociaciones con el Gobierno.
