WASHINGTON, Estados Unidos.- Nueve empleados del Buró Federal de Investigaciones (FBI) despedidos por su participación en la investigación sobre la retención de documentos clasificados por parte del presidente Donald Trump presentaron una demanda para recuperar sus puestos de trabajo.
Los demandantes, entre quienes se encuentran agentes, analistas de inteligencia y especialistas en operaciones de personal, calificaron sus despidos como actos ilegales de “represalia política”. También solicitaron el pago retroactivo de salarios y una orden judicial que declare ilegales los ceses.
La denuncia fue presentada el jueves ante un tribunal federal en Washington. Los nueve empleados fueron despedidos en febrero, después de que otros agentes que participaron en investigaciones relacionadas con Trump también fueran separados de sus cargos.
El caso se suma a las impugnaciones legales contra los despidos realizados durante la gestión de Kash Patel como director del FBI. Entre los empleados cesados se encuentran personas que participaron en investigaciones sobre Trump o que, de acuerdo con la demanda, fueron consideradas contrarias a los intereses de su gobierno.
Demandantes rechazan acusaciones de politización
Patel ha declarado ante el Congreso que algunos de los empleados despedidos habían “convertido en arma” al FBI. Los demandantes rechazaron esa caracterización y aseguraron que, en conjunto, acumulaban más de un siglo de servicio profesional y apartidista dentro de la agencia.
Según la demanda, sus trayectorias incluyeron la respuesta al atentado del Maratón de Boston, operaciones de recuperación de rehenes y la investigación del intento de asesinato contra Trump ocurrido en 2024 en Butler, Pensilvania.
Los abogados Margaret Donovan, Abbe Lowell y Rebecca Tinio afirmaron que los empleados fueron despedidos por cumplir con sus responsabilidades y seguir los hechos y la ley. También sostuvieron que la pérdida de personal experimentado representa un perjuicio para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La investigación sobre documentos clasificados
La pesquisa, conocida dentro del FBI con el nombre clave “Plasmic Echo”, examinó la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago, la propiedad de Trump en Palm Beach, Florida, después de que dejó la Casa Blanca.
El FBI realizó un registro en Mar-a-Lago en 2022 y recuperó documentos clasificados. La investigación derivó posteriormente en una acusación federal contra Trump por decenas de delitos graves relacionados con el manejo del material y los esfuerzos para recuperarlo.
Trump negó haber cometido irregularidades. El caso fue desestimado en 2024 por la jueza federal Aileen Cannon, designada por el propio Trump, quien concluyó que el fiscal especial Jack Smith había sido nombrado ilegalmente por el Departamento de Justicia durante el gobierno de Joe Biden.
Los nueve demandantes señalaron que no se ofrecieron voluntariamente para intervenir en la investigación, sino que fueron asignados como parte de sus funciones en unidades especializadas de contrainteligencia y contraespionaje.
La denuncia sostiene que sus superiores atribuyeron, sin fundamento, motivaciones políticas a su trabajo y consideraron que su participación en la investigación era incompatible con la lealtad exigida por el gobierno de Trump.
Alegan falta de proceso disciplinario
Los abogados argumentaron que los despidos fueron la culminación de una campaña de represalias que se intensificó después del regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025. Recordaron que Patel, antes de asumir la dirección del FBI, había criticado públicamente el registro de Mar-a-Lago.
La demanda también indica que, días después de la toma de posesión de Trump, un funcionario del Departamento de Justicia pidió al FBI una lista de empleados que habían participado en investigaciones relacionadas con el presidente. El entonces director interino Brian Driscoll se resistió a esa solicitud, que fue interpretada internamente como un posible paso previo a despidos masivos.
De acuerdo con los demandantes, sus ceses no estuvieron precedidos por una investigación interna ni por un proceso disciplinario. Aseguran que tampoco recibieron aviso, audiencia u oportunidad de apelación.
Ahora corresponde al tribunal revisar los argumentos de los exempleados y la respuesta del gobierno. Además de la reincorporación y los salarios no recibidos, los demandantes buscan que la justicia determine si el FBI violó las protecciones laborales aplicables al ordenar sus despidos.
