WASHINGTON, D.C.— Estados Unidos prepara una revisión a gran escala de visas B1, B2 y B1/B2 pertenecientes a extranjeros que solicitaron asilo después de ingresar al país como visitantes temporales.
El proceso podría alcanzar hasta 200 mil documentos y convertirse en la mayor revocación colectiva de visas en la historia estadounidense, de acuerdo con documentos del Departamento de Estado obtenidos por The Associated Press y declaraciones de dos funcionarios. Sin embargo, la cifra no ha sido confirmada oficialmente y debe considerarse como un máximo contemplado, no como un número de visas ya canceladas.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que esa dependencia trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar visas de no inmigrante. No precisó cuántas personas resultarían afectadas y señaló que la cantidad cambiará conforme avance la revisión.
¿Quiénes podrían ser afectados?
Según la información conocida, el plan se concentraría en personas con visas B1, B2 o B1/B2 emitidas entre 2016 y 2026 que ingresaron como visitantes y posteriormente presentaron una solicitud de asilo o mantienen un trámite pendiente.
No se ha informado qué nacionalidades concentran los expedientes ni cuántos casos corresponderían a ciudadanos mexicanos o de otros países latinoamericanos. Tampoco existe una lista pública de personas sujetas a revisión.
Revocación no significa deportación inmediata
La cancelación de una visa no provocaría automáticamente la deportación. Quienes tengan una petición de asilo pendiente podrían permanecer en Estados Unidos durante su procesamiento, dependiendo de las circunstancias particulares de su caso.
Solicitar asilo tampoco extiende automáticamente el estatus de turista ni crea por sí mismo una nueva condición migratoria legal. La vigencia de la visa, el periodo autorizado de estancia y el procedimiento de asilo son asuntos distintos.
Los documentos citados por AP indican que las revocaciones serían graduales. El plan todavía podría modificarse o enfrentar impugnaciones legales antes o después de su implementación.
