
México.- Morena habría puesto en marcha una estrategia de comunicación para deslindarse de Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ante los cuestionamientos por presuntas irregularidades relacionadas con contratos y proveedores del organismo electoral.
De acuerdo con una publicación de El Universal, la dirigencia del partido pidió a sus diputados federales difundir mensajes que ubicaran el origen de la situación durante la administración de Lorenzo Córdova, quien presidió el INE entre 2014 y 2023.
El reporte del periodista Antonio López Cruz señala que el 5 de noviembre los 254 integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados recibieron un documento denominado “ejes estratégicos narrativos”. El material habría incluido los argumentos que debían posicionar en sus cuentas de Facebook, Instagram y X.
Según la información publicada, la instrucción habría salido de la vocería de Morena en San Lázaro, encabezada por Arturo Ávila, con la participación de Sergio Gutiérrez Luna, exrepresentante del partido ante el INE. El reporte también atribuye la estrategia a reuniones entre liderazgos parlamentarios y la dirigencia nacional.
¿En qué consiste el plan atribuido a Morena?
Entre los argumentos entregados a los legisladores estaría la existencia de una presunta “mafia electoral” que habría operado durante años al interior del INE. La narrativa buscaba colocar el origen de las irregularidades en administraciones anteriores y dirigir los señalamientos hacia la gestión de Lorenzo Córdova.
Los mensajes también se referirían a contratos celebrados entre Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y determinadas empresas. Además, plantearían que el expresidente del INE supuestamente conocía esas operaciones. Tales afirmaciones forman parte del contenido de la estrategia descrita por el medio y no equivalen, por sí mismas, a responsabilidades acreditadas por una autoridad.
Otro eje consistía en responsabilizar a la reforma electoral impulsada durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto por el esquema que permitió ciertas designaciones. También se buscaba vincular a Juan Carlos Padilla Aguilar con Córdova y con el entorno de las compañías señaladas.
Respecto a Guadalupe Taddei, los argumentos propondrían revisar su trayectoria dentro de las autoridades electorales. El documento destacaría que fue designada en 2014 en un organismo electoral local, durante el periodo en que Córdova encabezaba el INE.
Con esos elementos, la narrativa buscaría presentar el caso como un problema heredado de administraciones anteriores y no como una responsabilidad originada durante la actual presidencia del instituto. Hasta ahora, esa interpretación corresponde a la estrategia política y de comunicación descrita en el reportaje.
Tres publicaciones al día y una meta de 9 millones
La operación no se habría limitado a distribuir líneas argumentales. El reporte indica que también fueron establecidos objetivos concretos de publicaciones y alcance en plataformas digitales para medir la difusión de los mensajes entre los usuarios.
Al momento del corte referido por el medio, al menos 130 de los 254 diputados federales de Morena habían realizado más de 400 publicaciones. En conjunto, esos contenidos acumularon alrededor de 3.14 millones de visualizaciones.
La meta, sin embargo, era llegar a nueve millones de vistas antes de concluir la semana. Durante una revisión de resultados realizada un lunes, los legisladores habrían sido reprendidos por no alcanzar las métricas previstas. Posteriormente se les habría solicitado aumentar la actividad hasta llegar a tres publicaciones diarias.
Entre quienes difundieron mensajes con estos planteamientos aparecen Ricardo Monreal, Dolores Padierna, Sergio Gutiérrez Luna, Pedro Zenteno Santaella y Arturo Ávila. Sus publicaciones incluyeron cuestionamientos contra la administración de Córdova y referencias a presuntas irregularidades dentro del sistema electoral.
Los señalamientos mencionados deben diferenciarse de hechos probados mediante investigaciones oficiales, resoluciones administrativas o sentencias judiciales. El reporte describe una operación de comunicación partidista, pero las eventuales responsabilidades individuales requerirían ser determinadas por las autoridades competentes.



