NUEVO LEÓN.- El Poder Judicial de Nuevo León impuso una multa de alrededor de 100 mil pesos al personal administrativo relacionado con la salida de José “N.”, dueño de Proyectos 9 y acusado de fraude, del penal de Apodaca para recibir atención médica sin contar con autorización judicial.
Laura Perla Córdova, presidenta del Poder Judicial del estado, confirmó la sanción después de participar en una mesa de trabajo sobre la Reforma Judicial en el Congreso local. La funcionaria explicó que el traslado médico no fue informado previamente a la autoridad encargada del proceso.
De acuerdo con Córdova, el problema no fue que el imputado recibiera atención médica, pues reconoció que tenía derecho a ella, sino que el personal responsable de su custodia omitió avisar al Poder Judicial y no siguió el procedimiento correspondiente.
“Sí estoy enterada, y lo que pasó aquí es que salió para una situación médica; efectivamente, no se le avisó y no se tomó la precaución de avisar al Poder Judicial”, declaró la magistrada presidenta.
Agregó que las autoridades judiciales actuaron después de conocer lo ocurrido y que el juez ordenó una sanción administrativa de alrededor de 100 mil pesos contra el personal que tenía a su cargo la custodia del acusado.
Aún no identifican a quien omitió el aviso
Aunque la multa ya fue aplicada, Córdova indicó que todavía no se ha informado quién fue específicamente el funcionario responsable de permitir la salida o de omitir la notificación a las instancias judiciales.
La presidenta del Poder Judicial precisó que la investigación para establecer responsabilidades adicionales deberá quedar en manos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León o del órgano de control del centro penitenciario.
También señaló que, en el ámbito administrativo, ya se ejecutó la sanción prevista por los reglamentos del penal. Sin embargo, no ofreció nombres ni detalles sobre el número de servidores públicos sancionados. Tampoco se dieron a conocer las circunstancias específicas del traslado médico.
La información proporcionada por la funcionaria distingue entre la sanción administrativa ya ordenada y la investigación pendiente para determinar quién tomó la decisión o dejó de realizar la notificación correspondiente.
Poder Judicial señala falla en el procedimiento
Córdova calificó lo ocurrido como una falla en el procedimiento de custodia y notificación. Según su explicación, cualquier posible responsabilidad deberá determinarse conforme a los reglamentos del centro penitenciario y a las indagatorias que realicen las autoridades competentes.
La magistrada también afirmó que continúa la coordinación entre el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía General de Justicia. Subrayó que las tres instituciones deben mantener comunicación por las responsabilidades que comparten dentro del sistema de justicia.
Respecto de las razones por las que se permitió la salida sin autorización judicial, dijo desconocer si existieron otras intenciones. Reiteró que la atención médica era un derecho del acusado, pero que eso no eliminaba la obligación de notificar el traslado.
Por separado, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores, señaló que la Secretaría de Seguridad Pública del estado omitió avisar a las instancias judiciales sobre el movimiento de José “N.”. De acuerdo con su versión, esa falta de comunicación tomó por sorpresa a las autoridades responsables del proceso.
Traslado relacionado con el caso Proyectos 9
José “N.” permanece acusado de fraude dentro del caso relacionado con Proyectos 9. La información disponible no precisa el lugar donde recibió atención médica, el tiempo que permaneció fuera del penal ni la condición de salud que motivó el traslado.
Las autoridades tampoco han informado si la investigación derivará en nuevas sanciones administrativas o en otro tipo de responsabilidades. Por ahora, el Poder Judicial sostiene que la irregularidad consistió en efectuar la salida sin informar ni obtener la autorización judicial correspondiente.
La identidad del servidor público que habría omitido el aviso permanece sin confirmarse. La Fiscalía y el órgano interno de control del centro penitenciario deberán establecer cómo se tomó la decisión y qué funcionarios participaron en el procedimiento.
