MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta cuestionamientos por la adjudicación de un contrato de mil 75 millones de pesos destinado a la fabricación de credenciales para votar durante el periodo comprendido entre 2026 y 2031.
La denuncia difundida señala posibles irregularidades en el procedimiento de licitación, modificaciones en los requisitos de participación y un incremento en el costo de los códigos QR incorporados en las credenciales. Los señalamientos corresponden a un proceso realizado durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del organismo electoral.
De acuerdo con la información disponible, el consorcio ganador está encabezado por Cosmocolor e integrado también por Icards Solutions y Talleres Gráficos de México. Hasta ahora, los señalamientos divulgados no constituyen por sí mismos una resolución administrativa o judicial contra las empresas o los funcionarios mencionados.
Señalan cambios en los requisitos
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con los criterios de experiencia establecidos para competir por el contrato. Según la denuncia, el requisito habría sido reducido de acreditar la emisión de 2 millones de documentos a solamente 200 mil, lo que habría facilitado la participación de más proveedores.
Las bases también habrían solicitado comprobar experiencia mediante 10 contratos anteriores. Sin embargo, se afirma que el consorcio encabezado por Cosmocolor presentó convenios celebrados entre las propias empresas que lo integran. Quienes cuestionan el proceso consideran que esta práctica pudo utilizarse para cumplir formalmente con las condiciones de la convocatoria.
La información difundida no incluye una resolución de una autoridad fiscalizadora que determine si esos convenios eran inválidos o si representaron una simulación. Por ello, la posible responsabilidad de participantes o servidores públicos tendría que establecerse mediante una revisión formal del expediente de contratación.
Precio de códigos QR habría aumentado 606%
Otro punto central es el costo de los códigos QR incorporados en las micas. Los reportes indican que el precio pasó de 1.7 centavos de dólar en 2022 a 12 centavos en la nueva licitación, una diferencia equivalente a un incremento aproximado de 606%.
La denuncia sostiene que el precio de mercado rondaría los 5 centavos de dólar por código. Con base en esa referencia, el monto establecido en el contrato sería superior al costo señalado para la industria, aunque el material disponible no detalla la metodología utilizada para calcular ese precio de mercado.
Debido al volumen de credenciales que se producirían entre 2026 y 2031, el aumento podría traducirse en una erogación adicional de varios millones de pesos. No obstante, la información divulgada tampoco especifica cuántas piezas contempla el contrato ni presenta un cálculo completo del posible impacto presupuestal.
INE defiende legalidad del procedimiento
El INE ha defendido la legalidad de la contratación y sostiene que el procedimiento cumplió con las políticas, bases y lineamientos aplicables en materia de adquisiciones, así como con los principios de transparencia y competencia. La explicación pública sobre la diferencia en el precio de los códigos QR no ha sido detallada en el material proporcionado.
También se reportó la difusión de un video en el que aparecerían directivos del instituto celebrando con José Alfredo Hernández Casillas la obtención del contrato y mencionando el apoyo de Taddei. La grabación ha elevado los cuestionamientos, pero su contenido, contexto y alcance deberán ser revisados por las autoridades competentes.
Hernández Casillas también ha sido relacionado en los reportes con empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Esa mención no implica, por sí sola, que exista una responsabilidad acreditada en este contrato o una sanción firme en su contra.
La información original alude además a una supuesta renuncia de Guadalupe Taddei, pero no aporta fecha, documento o posicionamiento institucional que permita corroborar esa afirmación. El caso permanece sujeto a aclaraciones y, en su caso, a revisiones de las instancias fiscalizadoras correspondientes.
