Miami, Florida. Un juez de esta ciudad emitió una orden de arresto contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, al considerar que existen indicios suficientes para acusarlo de conspirar con espías cubanos para cometer asesinato en primer grado por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996.
La medida judicial está relacionada con el ataque contra aeronaves de la organización Hermanos al Rescate, perpetrado el 24 de febrero de 1996. En los hechos murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente de Estados Unidos.
De acuerdo con información publicada por el diario Miami Herald, la orden fue firmada el viernes y se deriva de una investigación realizada por autoridades de Florida para determinar el papel que habría tenido Castro en la operación.
Investigación apunta a una red de espionaje
Las indagatorias señalan que espías cubanos que operaban en Florida habrían recopilado información sobre los vuelos de Hermanos al Rescate. Esos datos presuntamente fueron transmitidos y habrían facilitado que militares cubanos localizaran y derribaran las dos aeronaves.
Hermanos al Rescate era una organización con sede en Miami dedicada a buscar y auxiliar a ciudadanos cubanos que intentaban abandonar la isla por mar. Sus avionetas realizaban vuelos sobre la zona para localizar embarcaciones y personas que requerían ayuda.
Según las denuncias judiciales citadas en el reporte, las dos avionetas civiles fueron derribadas por cazas cubanos sobre aguas internacionales. La responsabilidad concreta de las personas señaladas continúa siendo materia de procedimientos y acusaciones judiciales.
Cuando ocurrió el ataque, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Posteriormente encabezó el Gobierno cubano entre 2008 y 2018, aunque continuó al frente del Partido Comunista de Cuba hasta 2021.
Florida reabrió el caso tres décadas después
La orden estatal representa un nuevo paso dentro de un expediente que las autoridades de Florida reabrieron en marzo, cerca de tres décadas después del derribo. El fiscal general del estado, James Uthmeier, tenía previsto ofrecer una rueda de prensa en Miami para explicar los alcances de la medida.
El material difundido también señala que Castro fue acusado formalmente en mayo por la justicia federal estadounidense debido a su presunta participación en los hechos, con cargos que incluyen asesinato y conspiración para matar a ciudadanos de Estados Unidos.
Hasta el momento no se han difundido en el reporte detalles sobre las posibles acciones para ejecutar la orden estatal fuera del territorio estadounidense. Tampoco se informó el nombre del juez que la firmó ni las condiciones específicas establecidas en el documento.
Gobierno cubano rechaza la orden
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó a la decisión judicial mediante una publicación en la red social X. El mandatario calificó la acción como un “patético circo miamense” y aseguró que tiene un trasfondo electoral.
“La repudiable acción contra el general de ejército esta mañana en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico”, escribió Díaz-Canel.
El presidente cubano afirmó que la medida constituye una maniobra impulsada por políticos contrarios al Gobierno de la isla. También sostuvo que forma parte de lo que describió como una política agresiva de Estados Unidos contra Cuba.
Un caso en medio de nuevas tensiones
La orden se conoce en un periodo de mayor presión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump sobre el Gobierno cubano, incluida la aplicación de nuevas medidas contra personas vinculadas con el régimen y el endurecimiento de sanciones.
Estas decisiones coinciden con una profunda crisis económica en Cuba y con una nueva etapa de tensión entre Washington y La Habana. El Gobierno cubano mantiene su rechazo a las sanciones estadounidenses, a las que responsabiliza parcialmente de la situación que enfrenta la isla.
La investigación por el derribo de las aeronaves permanece como uno de los episodios más sensibles en la relación entre Cuba y Estados Unidos. La nueva orden reactiva el caso en tribunales de Florida, mientras La Habana niega legitimidad jurídica y efectos prácticos a la medida.
