México.- La traición a la patria puede castigarse con hasta 40 años de prisión, pero no toda colaboración irregular con autoridades extranjeras constituye automáticamente ese delito. La diferencia adquirió relevancia ante la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, por un operativo antidrogas en el que presuntamente participaron agentes estadounidenses sin autorización federal.
El abogado Óscar De los Reyes Heredia explicó que la gravedad de una conducta no basta para determinar su clasificación penal. Según el especialista, una posible violación a la soberanía y el delito de traición a la patria son conceptos jurídicos distintos, por lo que la Fiscalía deberá precisar qué hipótesis legal atribuye al exfuncionario y demostrar cada uno de sus elementos.
¿Qué es la traición a la patria?
El delito está contemplado en los artículos 123 al 126 del Código Penal Federal, dentro del apartado correspondiente a los delitos contra la seguridad de la nación. Estas disposiciones buscan proteger la independencia, soberanía e integridad de México frente a conductas que comprometan esos intereses.
El artículo 123 establece penas de cinco a 40 años de prisión y multas de hasta 50 mil pesos para distintos supuestos, aunque también existen sanciones específicas para determinadas conductas.
Entre los actos sancionados se encuentran aquellos dirigidos a someter a México a un gobierno, grupo o persona extranjera; participar en hostilidades contra el país bajo las condiciones señaladas por la ley, y entregar información militar sin autorización.
La legislación también contempla la privación ilegal de la libertad de una persona en territorio mexicano para entregarla a autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con ese propósito.
De los Reyes Heredia subrayó que no todas las hipótesis incluidas en la legislación exigen exactamente los mismos elementos. Por ello, la FGR tendría que identificar la conducta concreta que busca imputar y aportar datos que permitan acreditar el supuesto legal correspondiente.
El caso del exfiscal de Chihuahua
La investigación se relaciona con un operativo efectuado en abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, para intervenir un laboratorio clandestino de drogas. De acuerdo con la acusación federal, Jáuregui habría permitido la participación de personas extranjeras sin autorización en actividades reservadas a las autoridades mexicanas.
La controversia aumentó después de un accidente carretero en el que murieron dos estadounidenses, identificados en reportes periodísticos como agentes de la CIA, y dos funcionarios mexicanos que habrían participado en la operación.
La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que se realizaron más de cien actos de investigación y sostuvo que la conducta atribuida al exfuncionario atentó contra la soberanía nacional.
El especialista consideró, sin embargo, que las posibles irregularidades en la participación de personal extranjero deben analizarse por separado de la acusación de traición a la patria. La Fiscalía deberá demostrar los elementos exigidos por la hipótesis penal que presente ante la autoridad judicial.
¿Qué pueden hacer los agentes extranjeros en México?
La participación de agencias estadounidenses en labores de cooperación en seguridad no está prohibida de manera absoluta, pero está sujeta a límites y procedimientos establecidos por la legislación mexicana.
El artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional señala que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe intervenir en la acreditación de agentes extranjeros mediante los mecanismos de coordinación correspondientes.
El artículo 70 obliga a servidores públicos estatales y municipales a informar por escrito determinados contactos con agentes extranjeros dentro de los tres días siguientes. También establece la necesidad de autorización previa para las reuniones sujetas a esa disposición.
Además, el artículo 71 indica que los agentes extranjeros no pueden ejercer funciones reservadas a las autoridades mexicanas. El incumplimiento de estas reglas puede generar responsabilidades administrativas o penales, pero no significa por sí mismo que se haya cometido traición a la patria.
De los Reyes Heredia señaló que las posibles irregularidades también podrían revisarse bajo disposiciones relacionadas con el abuso de funciones o el ejercicio indebido del servicio público.
Procesos independientes
Jáuregui enfrenta además una investigación estatal por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición. En ese procedimiento, un juez determinó que el proceso podía continuar sin prisión preventiva, aunque sujeto a medidas cautelares.
La acusación federal por traición a la patria es independiente y deberá resolverse ante autoridades judiciales federales. También corresponderá a los tribunales determinar si los hechos encuadran en ese delito o en otras posibles responsabilidades.
El desenlace podría ayudar a delimitar el alcance penal de la colaboración internacional realizada fuera de los procedimientos legales. Hasta que exista una resolución judicial, Jáuregui conserva la presunción de inocencia.
