Brasil.- La Corte Suprema de Brasil ordenó este martes investigar la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro ante sospechas de financiación irregular, posible injerencia extranjera y manipulación de plataformas digitales para favorecer o perjudicar candidaturas.
La decisión fue emitida por el magistrado Flávio Dino, quien sostuvo que no se admite la interferencia directa o indirecta de un Estado extranjero en asuntos sometidos a la soberanía brasileña. La apertura de la investigación no representa por sí misma una determinación de responsabilidad, sino el inicio de diligencias para esclarecer los señalamientos.
Entre los puntos que deberán ser examinados se encuentran los posibles vínculos de la campaña de Bolsonaro con Rockbridge Network, una organización estadounidense de articulación política. De acuerdo con la información presentada en el caso, entre los fundadores de ese grupo figura el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.
La investigación deberá rastrear el origen y destino de eventuales recursos extranjeros que pudieran haber beneficiado a la campaña. También revisará si existieron acciones destinadas a manipular los algoritmos de plataformas digitales para modificar el alcance de publicaciones electorales o influir en la exposición de los candidatos ante los usuarios.
Dino, quien anteriormente se desempeñó como ministro de Justicia durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, mencionó dentro de la resolución supuestas negociaciones entre los empresarios brasileños Tallis Gomes y Pedro Sang y representantes de Rockbridge Network.
La red estadounidense reúne a empresarios y donantes con el objetivo de respaldar proyectos y organizaciones vinculadas con la agenda política republicana. Las autoridades brasileñas buscarán establecer si hubo una relación entre posibles beneficios económicos procedentes de esa organización y la campaña de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Otro aspecto bajo revisión será la posible relación de esos contactos con intereses económicos ligados a las tierras raras y otros minerales críticos disponibles en territorio brasileño. La resolución señala que estos recursos han despertado el interés del Gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, aunque corresponderá a la investigación determinar si existe una conexión con las actividades electorales señaladas.
El magistrado también pidió identificar a las personas o entidades responsables de contratar y pagar publicidad electoral difundida mediante perfiles radicados fuera de Brasil. Este asunto fue denunciado ante la Justicia electoral por Renan Santos, identificado en la información del caso como excandidato presidencial.
La legislación brasileña prohíbe que los partidos políticos y sus candidatos reciban, de forma directa o indirecta, donaciones de origen extranjero. Esa restricción también abarca beneficios canalizados por medio de publicidad, por lo que las autoridades deberán determinar quién financió los anuncios y cuál fue su alcance durante la contienda.
La decisión de la Corte Suprema se conoció después de que la Justicia electoral ordenara indagar denuncias sobre un posible trato desigual en redes sociales hacia las campañas de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Las quejas se concentraron en la distribución y visibilidad de contenidos durante la competencia presidencial.
El 15 de octubre, durante la campaña para la segunda vuelta, un juez prohibió a Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, interferir en la distribución de contenido electoral relacionado con ambos candidatos. La medida fue tomada después de que la campaña de Lula denunciara una reducción en el alcance de sus publicaciones.
Meta negó haber favorecido a alguna candidatura. Sin embargo, la compañía reconoció un fallo que, según la información del expediente, permitió generar mediante herramientas de inteligencia artificial materiales favorables a Bolsonaro. Este antecedente forma parte del contexto de las investigaciones sobre el papel de las plataformas digitales.
En la elección presidencial referida, Lula da Silva obtuvo el 51.79 por ciento de los votos, frente al 48.21 por ciento alcanzado por Flávio Bolsonaro. El resultado se produjo después de una segunda vuelta marcada por una fuerte polarización. Las nuevas diligencias deberán establecer si las irregularidades denunciadas existieron y si tuvieron algún impacto en la campaña.
