Ciudad de México.- Trabajadores y excolaboradores del Instituto Nacional Electoral (INE) denunciaron la presunta existencia de una red de extorsión y otras prácticas irregulares dentro del organismo desde 2023, según testimonios dados a conocer por la periodista Aurora Zepeda.
Los señalamientos incluyen supuestas exigencias para entregar en efectivo una parte del salario, realizar transferencias a cuentas bancarias privadas, llevar una contabilidad paralela y enfrentar represalias administrativas en caso de negarse a participar.
Zepeda, reportera de Excélsior con casi tres décadas de experiencia en la cobertura electoral, presentó los testimonios durante el programa Fórmula Noticias con Azucena Uresti. Posteriormente, en una conferencia realizada en instalaciones del órgano electoral, pidió a las personas afectadas formalizar sus acusaciones ante las instancias competentes.
La periodista sostuvo que los testimonios conocidos hasta el momento deben trasladarse al terreno legal para que puedan ser investigados. Durante su intervención declaró: “si ya se destapó la cloaca, creo que tiene que salir toda la cochinada”.
Denuncian presunto cobro de cuotas salariales
De acuerdo con la información expuesta por Zepeda, el presunto esquema habría operado mediante mecanismos de presión contra empleados de distintas oficinas del instituto. A algunos trabajadores supuestamente se les exigía entregar un porcentaje de su sueldo como condición para conservar su empleo.
Las entregas, según los testimonios, se realizaban en efectivo o mediante transferencias a cuentas bancarias particulares. El material difundido no precisa el porcentaje exigido, la identidad de los posibles responsables ni las áreas específicas donde habrían ocurrido todos los casos.
Además del presunto cobro de cuotas, algunos colaboradores habrían recibido instrucciones para manejar registros contables ajenos a la documentación oficial del INE. Quienes se negaron, según los relatos, enfrentaron procedimientos administrativos, denuncias ante el Órgano Interno de Control (OIC) o la terminación de su relación laboral.
Hasta ahora, estos señalamientos deben considerarse acusaciones testimoniales, pues la información disponible no identifica carpetas de investigación abiertas ni resoluciones de autoridades que acrediten los hechos o determinen responsabilidades.
Reportan alrededor de 900 renuncias durante 2023
La documentación recabada por la periodista indica que alrededor de 900 personas renunciaron al INE entre abril y diciembre de 2023. Conforme a los testimonios presentados, parte de esas salidas estaría relacionada con el ambiente de presión interna y con la negativa de algunos funcionarios a participar en prácticas que consideraban irregulares.
Sin embargo, la información divulgada no incluye un desglose de las renuncias, los puestos involucrados o las entidades en las que laboraban las personas que dejaron el instituto. Tampoco establece cuántas de las 900 salidas estarían vinculadas directamente con los presuntos cobros.
Piden presentar denuncias formales
Las revelaciones se difundieron en un contexto de cambios y tensión dentro del organismo electoral. El material original refiere la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Consejo General y la designación de Blanca Cruz como presidenta provisional.
También menciona declaraciones de la consejera Rita Bell López sobre presuntas amenazas de personas vinculadas con el equipo de la anterior presidencia. Estas afirmaciones, al igual que las denuncias laborales, requieren ser investigadas por las autoridades correspondientes.
Según la información presentada, los trabajadores y excolaboradores todavía no habrían formalizado sus acusaciones ante la Fiscalía General de la República u otras instancias judiciales. Por ello, el llamado de Zepeda se concentró en presentar denuncias acompañadas de documentación y testimonios que permitan iniciar investigaciones.
Será responsabilidad de las autoridades determinar si existieron cobros indebidos, extorsión, desvío de recursos, represalias laborales u otras conductas contrarias a la ley. Mientras no existan investigaciones concluidas o resoluciones judiciales, las personas señaladas mantienen su derecho a responder y a la presunción de inocencia.
