México.— El diputado de Morena Edén Garcés Medina propuso reformar la Ley General de Salud para imponer penas de cinco a ocho años de prisión a quienes vendan medicamentos robados de instituciones del sector público.
El proyecto también contempla una multa equivalente a 10 mil veces el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con una referencia de 117.31 pesos por unidad, la sanción económica ascendería a aproximadamente un millón 173 mil pesos.
La iniciativa argumenta que el desabasto de distintos tipos de medicamentos, principalmente oncológicos, puede favorecer la compra de productos baratos en canales no autorizados. En esos espacios, los consumidores enfrentan el riesgo de adquirir fármacos robados, caducos o falsificados.
De acuerdo con el planteamiento legislativo, el mercado ilegal también se alimenta de medicamentos sustraídos de instituciones federales de salud. Por ello, el diputado consideró necesario revisar las normas encargadas de castigar la venta de productos obtenidos de manera ilícita.
La propuesta señala que la legislación vigente sanciona la falsificación o comercialización de medicamentos y muestras pertenecientes al sector público, pero busca incorporar de manera específica la venta de fármacos robados de dichas instituciones.
El documento cita una investigación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, según la cual seis de cada 10 medicamentos ofrecidos en tianguis y lugares no autorizados son robados, están caducos o fueron falsificados. La estimación incluida en la iniciativa advierte que cerca de ocho millones de personas podrían quedar expuestas a este mercado.
También refiere que el valor de los fármacos ilegales habría superado los 32 mil millones de pesos al cierre de 2023, cifra 78% mayor a la registrada en 2019. Además, atribuye a la Organización Mundial de la Salud una estimación de más de 700 mil muertes anuales en el mundo relacionadas con el consumo de este tipo de productos.
