LA HABANA, Cuba. El Gobierno de Cuba anunció una de las reformas económicas más importantes de las últimas décadas al autorizar la participación de empresas privadas en nuevos sectores estratégicos, entre ellos gasolineras, farmacias, geriátricos e instalaciones portuarias, tras la aprobación de un paquete de 176 medidas por parte del Parlamento.
Las nuevas disposiciones reducen de manera considerable el número de actividades restringidas para la iniciativa privada y forman parte de una reforma integral que también contempla cambios en la organización empresarial, el sistema bancario, la agricultura, la inversión extranjera, los salarios y el mercado cambiario.
De acuerdo con comunicados oficiales difundidos por medios estatales, las regulaciones buscan ampliar “de manera considerable el espectro de acción para los emprendedores y empresarios privados”, fortaleciendo la participación del sector no estatal dentro de la economía cubana.
Entre las actividades que ahora podrán desarrollar las empresas privadas destacan la distribución de gasolina, los servicios farmacéuticos y ópticos, la operación de residencias para personas adultas mayores, la administración de terminales de pasajeros y carga, el manejo de instalaciones portuarias, la importación de vehículos, proyectos de energías renovables y, bajo determinadas condiciones, operaciones relacionadas con la industria petrolera y minera.
Las autoridades señalaron que actualmente existen más de 15 mil pequeñas y medianas empresas (Pymes) autorizadas en la isla, una cifra que evidencia el crecimiento del sector privado desde que este tipo de negocios comenzó a ser permitido en 2021.
No obstante, el Gobierno cubano reiteró que la salud y la educación continuarán siendo áreas bajo control del Estado. Los servicios hospitalarios seguirán siendo gratuitos para la población, mientras que en materia educativa únicamente se contempla la participación privada en actividades limitadas como guarderías, clases de idiomas y tutorías. Asimismo, sectores como los medios de comunicación, telecomunicaciones y seguridad permanecerán bajo administración estatal.
Las reformas llegan en un momento de profunda crisis económica para Cuba, marcada por la escasez de alimentos, combustibles, agua potable y medicamentos, además de frecuentes apagones eléctricos que afectan a gran parte del país.
El escenario también coincide con el endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia la isla. Además del embargo económico vigente desde 1962, la administración del presidente Donald Trump impulsó nuevas sanciones económicas y restricciones dirigidas a empresas y funcionarios cubanos, medidas que han incrementado la presión sobre la economía del país.
En respuesta, el presidente Miguel Díaz-Canel acusó recientemente a Estados Unidos de intentar apropiarse de Cuba mediante una estrategia de presión económica, en medio de un escenario de crecientes tensiones diplomáticas entre ambas naciones.
