
Asunción, Paraguay. La justicia paraguaya ordenó el 16 de noviembre el traslado del expresidente Santiago Peña a la prisión militar de Viñas Cué, ubicada en Asunción, tras la denuncia de privilegios en su régimen de detención relacionado con su presunta vinculación en el colapso del Ueno Bank.
La medida fue determinada por el juez penal de garantías, Osmar Legal, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la prisión preventiva que se le impuso el 7 de noviembre pasado, además de establecer protocolos que protejan la vida e integridad física del exmandatario sin concederle condiciones especiales más allá de las previstas para su reclusión.
El traslado se ordenó luego de que el diario paraguayo ABC Color difundiera fotografías de aparatos deportivos y un gimnasio instalado en el lugar donde Peña permanecía detenido, el Regimiento Escolta Presidencial, generando cuestionamientos sobre posibles privilegios durante su encierro.
En respuesta, el presidente de Paraguay, Pedro Alliana, solicitó y obtuvo la destitución del coronel José Dayub, comandante del regimiento desde octubre y quien había afirmado que Peña gozaba de condiciones como habitación privada con aire acondicionado y baño, lo que desató críticas sobre la supervisión y equidad de las condiciones de la detención.
Santiago Peña fue separado de la presidencia el 6 de noviembre mediante un juicio político y arrestado la misma noche en su domicilio en Asunción. Su prisión preventiva se estableció inicialmente en el regimiento militar debido a la información sensible que maneja tras su administración.
La causa penal investiga su posible responsabilidad por la crisis financiera del Ueno Bank, una institución que enfrentó un colapso debido a la falta de solvencia detectada por el Banco Central del Paraguay. La medida afectó a cerca de 2.94 millones de clientes y extendió las repercusiones a empresas relacionadas en cinco países.
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades como lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El expediente procesa a Santiago Peña y a otras 26 personas vinculadas al caso, sin que hasta ahora exista una sentencia condenatoria, conservando Peña su derecho a la presunción de inocencia y defensa.
Tras la separación del juez Humberto Otazú, quien alegó razones familiares para apartarse de la causa, el caso quedó bajo la responsabilidad del juez Osmar Legal, quien ordenó el traslado a Viñas Cué.
Mientras tanto, el Banco Central del Paraguay ha iniciado la devolución anticipada de fondos a los afectados mediante el Fondo de Garantía de Depósitos y otorgó la exoneración de intereses moratorios hasta 2026 para clientes con obligaciones pendientes en Ueno Bank.
Este caso continúa en desarrollo y afecta no solo al ámbito político, sino también al financiero y social, dada la magnitud del número de personas y empresas implicadas en la crisis del sistema bancario paraguayo.



