GENERAL ZUAZUA, Nuevo León.- Un niño de un año y ocho meses murió luego de ser atropellado por una camioneta que presuntamente ofrecía el servicio de transporte escolar de manera irregular en la colonia Valle de Santa Elena, sector San Fernando.
El accidente ocurrió durante la mañana del miércoles, en el cruce de la calle Castilla y la avenida Santa Elena, cuando el menor salió de su domicilio para tratar de alcanzar a su hermano, quien momentos antes había abordado la unidad para dirigirse a la escuela.
De acuerdo con la información preliminar, el pequeño, identificado como Ángel Leonardo Francisco, abandonó la vivienda sin que sus familiares se percataran y se aproximó al vehículo mientras este todavía se encontraba en las inmediaciones del domicilio.
La conductora de la camioneta, identificada como Ana Esthela “N”, de 38 años, habría reanudado la marcha sin advertir que el niño estaba cerca de la unidad. En ese momento ocurrió el atropellamiento, según las primeras investigaciones realizadas por las autoridades.
Protección Civil confirmó el fallecimiento
Después del accidente, los padres del menor salieron de la vivienda y lo llevaron al interior del domicilio mientras solicitaban ayuda. Elementos de Protección Civil de General Zuazua acudieron al lugar para brindar atención de emergencia.
Al revisar al niño, los rescatistas confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona quedó bajo resguardo para permitir las diligencias correspondientes y comenzar la recopilación de información sobre la manera en que ocurrió el atropellamiento.
La conductora fue detenida por las autoridades y posteriormente trasladada ante el Ministerio Público. Esa instancia deberá determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones y se establezcan las posibles responsabilidades relacionadas con la muerte del menor.
Hasta el momento, la información disponible corresponde a las primeras indagatorias. La Fiscalía estatal mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer la trayectoria de la camioneta, las condiciones en las que se prestaba el servicio y la actuación de la conductora antes y después del accidente.
Investigan presunta operación irregular
Las investigaciones iniciales indican que la mujer utilizaba una camioneta particular Ford tipo Van, con placas de Tamaulipas, para trasladar estudiantes. La unidad presuntamente no contaba con el registro ni con los permisos requeridos para ofrecer el servicio de transporte escolar.
Las autoridades deberán verificar esa información mediante la revisión de la documentación del vehículo, los registros correspondientes y cualquier autorización que pudiera presentar la conductora. También se busca establecer desde cuándo operaba la unidad y bajo qué condiciones realizaba los recorridos escolares.
Vecinos del sector señalaron que anteriormente habían reportado a la conductora por presuntamente circular a exceso de velocidad y utilizar el teléfono celular mientras manejaba. Estas versiones forman parte de los señalamientos conocidos después del accidente, pero deberán ser corroboradas oficialmente dentro de la investigación.
También trascendió que meses atrás la conductora habría estado involucrada en otro atropellamiento ocurrido en el sector San Jorge. Sin embargo, hasta ahora ese posible antecedente no ha sido confirmado por las autoridades y será necesario determinar si existe algún registro oficial relacionado con ese señalamiento.
Fiscalía determinará responsabilidades
La carpeta de investigación permitirá integrar los peritajes, testimonios y documentos necesarios para reconstruir los hechos. Entre los aspectos pendientes se encuentra establecer la ubicación exacta del niño respecto de la camioneta, la forma en que la unidad comenzó a avanzar y si existieron omisiones relacionadas con la prestación del servicio.
La detención de la conductora no implica por sí misma una resolución sobre su responsabilidad. Será el Ministerio Público el encargado de analizar los datos recabados y, en su caso, presentar el asunto ante la autoridad judicial correspondiente.
Las autoridades estatales continuarán con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del accidente, confirmar si el transporte escolar operaba de manera irregular y determinar las posibles responsabilidades penales derivadas del fallecimiento del menor.
