
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al gobierno de Estados Unidos presentar las pruebas que tenga sobre los supuestos vínculos entre empresas y el crimen organizado, con el objetivo de que las autoridades mexicanas puedan iniciar las investigaciones correspondientes.
La mandataria indicó que la entrega formal de la información permitiría abrir una carpeta de investigación en el país y dar paso a la actuación de la Fiscalía, institución encargada de realizar la persecución de posibles delitos.
“En el momento en que la provean, se abre una carpeta de investigación en el país para poder hacer la persecución del delito que tiene que hacer la Fiscalía”, declaró Sheinbaum.
Pide información para proceder en México
El planteamiento de la presidenta se produjo ante los señalamientos sobre presuntos nexos de compañías con organizaciones criminales. Sheinbaum sostuvo que las autoridades estadounidenses deben proporcionar los elementos que sustenten esos señalamientos para que el caso pueda ser atendido en territorio mexicano.
De acuerdo con lo expresado por la titular del Ejecutivo federal, la presentación de las pruebas sería el punto de partida para integrar una investigación. Su declaración también coloca la responsabilidad de la persecución de los posibles delitos en la Fiscalía, una vez que cuente con los elementos necesarios para intervenir.
La información disponible no precisa qué empresas habrían sido señaladas, cuáles serían los supuestos vínculos con el crimen organizado ni qué dependencia estadounidense tendría en su poder las pruebas mencionadas. Tampoco se detalló si existe una solicitud formal de información o si ya comenzó algún proceso de intercambio entre ambos gobiernos.
No se han detallado empresas ni evidencias
Hasta el momento, los señalamientos se mantienen en el terreno de los supuestos, debido a que no se han dado a conocer públicamente las evidencias referidas por la presidenta. La petición de Sheinbaum se centra en que cualquier acusación sea acompañada por información que permita a las instituciones mexicanas proceder dentro de sus atribuciones.
La mandataria no anunció, con base en la información disponible, la apertura inmediata de una carpeta de investigación. Condicionó esa posibilidad a que Estados Unidos entregue las pruebas relacionadas con el caso.
El pronunciamiento ocurre en un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad y combate a las organizaciones criminales. Sin embargo, en esta información no se ofrecieron detalles adicionales sobre posibles reuniones, acuerdos o mecanismos específicos que serían utilizados para compartir las evidencias.
El caso se mantiene en desarrollo y estará sujeto a la información que eventualmente proporcionen las autoridades de México o Estados Unidos, así como a las determinaciones que adopte la Fiscalía en caso de recibir elementos suficientes para investigar.



