MÉXICO.— La presidenta Claudia Sheinbaum pidió conocer qué acciones realiza el gobierno de Estados Unidos para detener a los cárteles y distribuidores de drogas que operan dentro de su territorio, luego de que el presidente Donald Trump exigiera a México arrestar y procesar a funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
La mandataria mexicana sostuvo que la lucha contra el narcotráfico debe contemplar lo que ocurre en ambos lados de la frontera, incluyendo la distribución de sustancias, el lavado de dinero, el consumo y el tráfico ilegal de armas hacia México.
“Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos”, declaró Sheinbaum.
El posicionamiento ocurrió después de que Trump incluyera a México en la determinación anual estadounidense sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027. El documento considera a 23 naciones, entre ellas China, Colombia, Ecuador, India, Perú y Venezuela.
La inclusión en esa relación, de acuerdo con el propio documento, no significa necesariamente que un gobierno haya incumplido sus obligaciones internacionales contra las drogas ni refleja por sí misma el nivel de cooperación que mantiene con Washington.
Sheinbaum pide revisar la demanda de drogas
Trump reconoció acciones realizadas por la administración de Sheinbaum, como decomisos de drogas, desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue adicional de fuerzas de seguridad y militares en la frontera. Sin embargo, consideró que México debe adoptar medidas adicionales para frenar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos.
Entre las solicitudes del mandatario estadounidense se encuentran investigar y procesar a funcionarios públicos que presuntamente hayan ayudado o encubierto a los cárteles, incrementar las inspecciones aduaneras, destinar más recursos a las fuerzas de seguridad y promover una mayor participación del sector privado.
Ante esos señalamientos, Sheinbaum afirmó que México combate la producción y distribución de drogas, pero planteó que también debe revisarse la demanda existente en Estados Unidos. Desde la perspectiva mexicana, agregó, el consumo tiene que atenderse como un problema de salud pública, especialmente mediante programas dirigidos a las adicciones y a los jóvenes.
La presidenta también hizo referencia a la crisis por consumo de opioides en Estados Unidos y recordó que una parte estuvo relacionada con medicamentos contra el dolor que fueron autorizados y posteriormente generaron problemas de adicción.
“¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles o distribuidores de droga en los Estados Unidos?”, cuestionó.
Tráfico de armas y lavado de dinero
Sheinbaum señaló que el lavado de dinero es otro componente de las redes delictivas transnacionales. Aseguró que en México se realizan detenciones e investigaciones relacionadas con organizaciones criminales, pero insistió en que el combate al narcotráfico necesita acciones coordinadas en ambos países.
También sostuvo que el poder de fuego de los grupos criminales mexicanos no puede explicarse sin considerar el ingreso ilegal de armas procedentes de Estados Unidos. Indicó que México ha planteado este problema a las autoridades estadounidenses y que existen labores para impedir la entrada de armamento al territorio nacional.
La cooperación bilateral en seguridad contempla mecanismos como el intercambio de información sobre tráfico de armas y operaciones coordinadas en la frontera. Sheinbaum defendió además que su gobierno informa regularmente sobre los resultados de las acciones contra el crimen organizado y se encuentra sujeto al escrutinio público.
Como ejemplo de posibles irregularidades en Estados Unidos, la presidenta mencionó un caso presentado recientemente sobre agentes de la Administración para el Control de Drogas, DEA, que, según su declaración, habrían permitido el paso y la venta de fentanilo en Nuevo México.
En la determinación anual, Estados Unidos señaló específicamente a Afganistán, Bolivia, Myanmar y Colombia por considerar que “fallaron demostrablemente” durante los 12 meses anteriores en sus esfuerzos para cumplir obligaciones internacionales contra los narcóticos. México no fue incluido en ese grupo.
