Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un severo conflicto político y legal ha escalado en esta localidad fronteriza tras el siniestro registrado en el confinamiento de neumáticos del relleno sanitario local. Las acusaciones mutuas entre el gobierno municipal y representantes de la oposición han derivado en la presentación de denuncias ante instancias federales y estatales, marcando un episodio de profunda tensión institucional.
La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras Herrera, compareció ante la opinión pública para dar a conocer que ha formalizado diversas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). Dichas acciones legales buscan que se investiguen a fondo las omisiones y errores administrativos cometidos en la operación del relleno sanitario que, presuntamente, facilitaron el desarrollo del siniestro.
Durante su intervención, la legisladora local estuvo respaldada por la presidenta del comité estatal de su partido político, Daniela Álvarez. Ambas representantes señalaron que las acusaciones emitidas previamente por el gobierno municipal son un intento de intimidación política ante las denuncias ciudadanas y de asociaciones ambientalistas que han evidenciado las condiciones de riesgo en las que opera el mencionado depósito de desechos.
Como respuesta a los señalamientos directos que la involucran en el origen del fuego, la diputada anunció que promoverá un recurso legal por daño moral y por violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta querella civil y electoral será dirigida en contra del presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, así como del alcalde en funciones, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, argumentando que las acusaciones gubernamentales carecen de sustento técnico y buscan desviar la atención pública de las deficiencias del servicio.
Por su parte, la administración local sostiene que el incidente que consumió miles de neumáticos fue provocado deliberadamente. Se espera que las dependencias de procuración de justicia correspondientes realicen los peritajes e indagatorias pertinentes para deslindar las responsabilidades civiles y penales derivadas tanto del daño ecológico como de las imputaciones personales formuladas en este caso.
