El cambio anunciado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para limitar los beneficios de la Modalidad 40 tomó por sorpresa a personas que durante años planearon su jubilación conforme a las condiciones vigentes, afirmó Carlos Ramírez Fuentes, socio y codirector de Integralia Consultores y expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el especialista señaló que la modificación representa un cambio repentino para trabajadores pertenecientes a la generación de la Ley del Seguro Social de 1973, quienes contemplaban elevar su salario de cotización durante los años previos al retiro.
¿Cómo funcionaba la Modalidad 40?
La Modalidad 40 permite que personas que dejaron de estar dadas de alta formalmente continúen cotizando al Seguro Social y acumulen semanas. Bajo este mecanismo, durante los últimos cinco años de su vida laboral podían aumentar su salario base de cotización hasta un límite de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que podía traducirse en una pensión mayor.
El esquema corresponde a quienes comenzaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y permanecen bajo el régimen de la Ley 73. No aplica de la misma manera para quienes iniciaron sus cotizaciones después de esa fecha y están sujetos al sistema de cuentas individuales administradas por las Afores.
“A partir de ayer, se acabó”, sostuvo Ramírez Fuentes al referirse al alcance del cambio. Consideró que la decisión estaría relacionada con la situación financiera del IMSS, aunque advirtió que limitar este mecanismo únicamente reduciría una parte del gasto y no solucionaría los problemas estructurales del instituto.
Estiman hasta dos millones de posibles afectados
Ramírez Fuentes calculó que entre uno y dos millones de personas podrían encontrarse dentro del universo potencialmente afectado. Explicó que en México existen entre ocho y 10 millones de personas de 50 a 60 años, pero no todas comenzaron a cotizar antes de julio de 1997 ni reúnen los requisitos para incorporarse a la Modalidad 40.
Ante la falta de una cifra oficial precisa, estimó que alrededor de 20 por ciento de ese grupo podría cumplir con las condiciones. “Sí podemos estar hablando de que hay potencialmente un millón, millón y medio, dos millones de personas posiblemente afectadas por esta medida”, indicó.
El exfuncionario subrayó que muchas de estas personas tomaron decisiones laborales y financieras con base en las reglas existentes. Aunque reconoció que el esquema podía considerarse regresivo, debido a que favorecía más a quienes tenían recursos para realizar aportaciones elevadas, insistió en que esas condiciones estuvieron vigentes durante años.
Advierten sobre posibles amparos
El expresidente de la CONSAR también cuestionó que las condiciones se modifiquen mediante una resolución administrativa. A su consideración, los cambios requerirían una reforma legal y podrían provocar que numerosos trabajadores busquen ampararse para defender las condiciones bajo las cuales planearon su jubilación.
“Esto no puede quedarse con una simple resolución del instituto porque esto va a llevar a miles de amparos”, afirmó. También consideró significativo que el IMSS haya planteado un periodo de seis meses para evaluar el costo de la Modalidad 40, pues aseguró que el instituto ya cuenta con información para realizar ese cálculo.
Según su análisis, ese plazo podría utilizarse para preparar una eventual reforma legal o ajustes adicionales destinados a reducir el costo de las pensiones correspondientes a la generación de la Ley 73. No obstante, esta posibilidad fue planteada como una previsión del especialista y no como una medida oficialmente confirmada.
Pide una estrategia integral de pensiones
Ramírez Fuentes mencionó entre las presiones financieras del IMSS la transición demográfica y epidemiológica, el régimen pensionario de sus propios trabajadores y los mayores costos laborales. También señaló una aparente contradicción entre las acciones orientadas a contener el gasto y otras decisiones gubernamentales que, desde su perspectiva, lo incrementan.
Como ejemplos citó la reducción de la edad de retiro para trabajadores al servicio del Estado y la reforma pensionaria de empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Afirmó que estas medidas reflejan la ausencia de una estrategia unificada para atender el problema pensionario.
Finalmente, reconoció que la generación de la Ley 73 cuenta con mejores condiciones de retiro que los trabajadores sujetos al régimen de 1997. Sin embargo, sostuvo que el cambio demográfico y la presión financiera requieren una discusión integral del sistema de pensiones, en lugar de medidas aisladas que modifiquen las condiciones de quienes ya habían organizado su retiro.
