Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció el inicio de cuatro acciones legales internacionales tras las muertes de 17 personas mexicanas bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) o durante operativos migratorios. Las medidas comenzaron el 13 de julio, como parte de la estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para dar seguimiento a estos casos.
De acuerdo con la SRE, el Gobierno de México tiene documentados 17 fallecimientos, de los cuales 14 ocurrieron en centros de detención y tres durante operativos migratorios. La dependencia explicó que esta nueva etapa jurídica y diplomática se implementó después de que las 11 notas diplomáticas de protesta enviadas previamente al Gobierno de Estados Unidos no obtuvieran una respuesta considerada suficiente.
Entre las acciones anunciadas se encuentra la presentación de una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). El documento será entregado por conducto de la Embajada de México en Estados Unidos con el objetivo de que las autoridades estadounidenses investiguen los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes conforme a su legislación.
Además, la SRE promoverá denuncias ante fiscalías estatales en las entidades donde ocurrieron los fallecimientos, a través de la red consular mexicana. Estas acciones buscan que las autoridades locales realicen las investigaciones pertinentes sobre cada caso.
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— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 14, 2026
Como tercera medida, el Gobierno de México comenzó el envío de escritos de cese y desistimiento (cease and desist) a los centros de detención donde se registraron las muertes. El primer documento fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, donde, según la SRE, han fallecido cuatro personas mexicanas. En estos escritos se solicita detener prácticas relacionadas con la falta de acceso oportuno a atención médica y la aplicación de políticas que, de acuerdo con la dependencia, son incompatibles con estándares médicos y penitenciarios.
La cuarta acción consiste en una comunicación dirigida a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que se solicita recabar información de las autoridades estadounidenses, analizar si los hechos cumplen con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, emitir las recomendaciones correspondientes y, en su caso, remitir el asunto a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
La SRE señaló que estas medidas forman parte de la etapa de investigación previa a posibles acciones judiciales y reiteró que continuará brindando acompañamiento a las familias de las víctimas mediante la red consular mexicana, además de mantener las gestiones por las vías legales e institucionales previstas tanto en México como en Estados Unidos.
