Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no tiene información de que Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), o el empresario José Alfredo Hernández Casillas hayan salido de México, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con contratos electorales.
Durante su conferencia matutina de este miércoles 11 de noviembre, la mandataria explicó que consultó al Instituto Nacional de Migración (INM) para conocer la situación de ambos. Sin embargo, la dependencia indicó que los registros migratorios no pueden divulgarse debido a que se consideran información personal y privada.
“Esa es información que tiene el Instituto Nacional de Migración, pero no tenemos ningún conocimiento de que ella haya salido del país, ni mucho menos”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Ante una nueva pregunta sobre el paradero de Taddei y Hernández Casillas, la presidenta reiteró que las autoridades migratorias no pueden hacer públicos los datos relacionados con entradas y salidas del territorio nacional.
“Ellos me contestan, pues, que es información que no se puede hacer pública por ser un asunto personal, privado, pero no tenemos ninguna información, lo puedo decir, de que ella haya salido del país, ni tampoco el empresario”, sostuvo.
La mandataria no presentó documentos ni información adicional que permitieran confirmar la ubicación actual de la expresidenta del INE o del empresario. En consecuencia, la declaración presidencial establece que el gobierno federal no tiene conocimiento de una salida del país, pero no constituye una confirmación pública sobre dónde se encuentran.
Investigaciones por contratos electorales
Las declaraciones se producen después de la renuncia de Taddei a la presidencia del INE, presentada el 26 de octubre, en un contexto de cuestionamientos por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores de materiales y servicios electorales.
Entre los señalamientos se encuentran operaciones con empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes han sido proveedores de organismos electorales durante distintas administraciones.
De acuerdo con información presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, compañías vinculadas con ambos empresarios obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023 con 23 organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLE.
La dependencia también reportó contrataciones por 646.3 millones de pesos entre 2024 y 2025 con 15 organismos electorales estatales. Estas cantidades corresponden a operaciones que se encuentran bajo revisión y, por sí solas, no demuestran la comisión de algún delito ni determinan responsabilidades.
INE presentó una denuncia ante la FGR
El 6 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral confirmó la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo es que el Ministerio Público investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, establezca las responsabilidades correspondientes.
Un día antes, el Consejo General del INE solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de las contrataciones realizadas durante el periodo 2016-2026.
El organismo electoral también acordó conservar la documentación física y electrónica relacionada con sus procedimientos de adquisición, además de colaborar con las autoridades encargadas de las investigaciones.
Por otra parte, el 10 de noviembre, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, informó que las actas correspondientes al proceso de entrega-recepción de Taddei fueron entregadas después del plazo establecido.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre alguna determinación judicial o ministerial derivada de las revisiones. Tampoco se ha confirmado de manera oficial la ubicación de Taddei o de Hernández Casillas.
Así, la postura expresada por Sheinbaum se limita a señalar que su administración no cuenta con información de que ambos hayan abandonado México. Las investigaciones sobre las contrataciones electorales deberán determinar si existieron irregularidades y si estas implican responsabilidades administrativas o penales.
