México.- El Gobierno de México trabaja en una metodología única para evaluar a aspirantes a cargos de elección popular y detectar posibles “riesgos razonables” de vínculos con el crimen organizado rumbo a las elecciones de 2027, informó Luisa María Alcalde.
El mecanismo continúa en construcción y busca establecer una coordinación entre el Gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral (INE). La propuesta contempla que los partidos políticos puedan presentar voluntariamente sus listas de precandidatos para que instituciones de seguridad, inteligencia y supervisión financiera revisen la información oficial disponible.
Con esos datos, las autoridades elaborarían un dictamen individual sobre cada perfil. El objetivo sería determinar si existen elementos que deban considerarse como un riesgo antes del registro de las candidaturas, sin que la evaluación represente por sí misma una acusación penal o una resolución sobre la responsabilidad de una persona.
¿Cómo funcionaría la revisión de aspirantes?
De acuerdo con la propuesta, las fuerzas políticas entregarían al INE la información de sus precandidatos. La participación de los partidos sería voluntaria y, posteriormente, diferentes instituciones consultarían sus propias bases de datos para integrar una evaluación común.
Entre los elementos que podrían ser revisados se encuentran:
- Carpetas de investigación.
- Registros relacionados con operaciones financieras.
- Bloqueos de cuentas.
- Información de inteligencia y seguridad.
- Otros datos oficiales disponibles para las autoridades mexicanas.
El dictamen buscaría identificar señales que representen un “riesgo razonable” de posibles vínculos con organizaciones criminales. Sin embargo, la metodología todavía no está concluida y tampoco se han dado a conocer las consecuencias concretas que tendría una evaluación de este tipo sobre el registro de una candidatura.
Instituciones que participarían
Las autoridades mantienen mesas de coordinación para definir el procedimiento y tratar de ponerlo en funcionamiento antes de que avance la selección de candidaturas para 2027. En estos trabajos participan la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y áreas de inteligencia del Gobierno federal.
La intención es evitar que cada institución aplique criterios distintos y establecer una metodología compartida. Entre los asuntos pendientes se encuentran la definición de qué datos pueden ser considerados suficientes para advertir un riesgo, la protección del debido proceso y los efectos que tendría el dictamen.
Información extranjera no sería determinante
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la creación del mecanismo, pero señaló que las evaluaciones deberán basarse en información oficial generada por instituciones mexicanas. Por lo tanto, una medida adoptada unilateralmente por un gobierno extranjero no sería suficiente para definir el nivel de riesgo de un aspirante.
Esto incluye decisiones como la cancelación o revocación de visas estadounidenses. Aunque ese tipo de casos puede provocar solicitudes de investigación en México, no sería utilizado de manera automática como una prueba de vínculos con actividades delictivas.
La propuesta surge en un contexto de preocupación por la posible infiltración del crimen organizado en la política. La discusión tomó mayor relevancia después del proceso electoral de 2024, durante el cual se registraron asesinatos y agresiones contra personas relacionadas con actividades políticas.
El papel del INE rumbo a 2027
El INE formará parte de la coordinación y una comisión del organismo electoral trabaja en asuntos vinculados con la integridad de las candidaturas. Desde ese espacio también se ha planteado que la prevención de la infiltración delictiva no corresponde únicamente a partidos, candidatos y servidores públicos.
La discusión incluye la participación de empresarios y medios de comunicación para prevenir prácticas como el financiamiento ilegal, la compra de votos y la difusión de información falsa durante los procesos electorales.
En las elecciones federales de 2027 se renovarán los 500 lugares de la Cámara de Diputados. También habrá comicios locales en distintas entidades, incluidas elecciones para gubernaturas. Por ello, el Gobierno federal y el INE buscan contar con el mecanismo antes de las etapas de selección y registro de candidaturas.
La metodología permanece en proceso de definición. Las autoridades aún deberán precisar cómo se protegerán los derechos de las personas evaluadas, qué instituciones tendrán acceso a la información y si un dictamen de riesgo podrá afectar formalmente una candidatura.
