LA HABANA, Cuba.— Autoridades cubanas acusaron a Estados Unidos de permitir que personas señaladas como terroristas actúen con impunidad en territorio estadounidense, luego de presentar detalles de una investigación sobre una incursión en lancha motora ocurrida en febrero y que terminó en un enfrentamiento armado en el mar.
De acuerdo con la información difundida por medios estatales cubanos y recogida por Reuters, diez exiliados cubanos intentaron ingresar a la isla el 25 de febrero desde los Cayos de Florida. El grupo presuntamente transportaba cerca de 13 mil cartuchos, 11 rifles, 15 pistolas, cócteles Molotov, una radio VHF y equipo de comunicación satelital Starlink.
El enfrentamiento dejó cinco personas muertas, mientras que los demás ocupantes de la embarcación, algunos de ellos heridos, fueron detenidos. Las autoridades de Cuba informaron que los sobrevivientes enfrentan cargos de terrorismo, aunque no se precisó en el reporte cuándo serían procesados o si ya cuentan con una sentencia.
La Habana señala apoyo desde Florida
El Gobierno cubano afirmó que la investigación, sustentada en parte en declaraciones y confesiones de los detenidos, identificó a personas que presuntamente participaron en el entrenamiento y la preparación de los implicados. Según La Habana, algunas de ellas continúan en libertad en Estados Unidos.
El fiscal cubano Edward Roberts sostuvo que deben considerarse las acciones de personas y organizaciones establecidas en Estados Unidos que, de acuerdo con la indagatoria, habrían proporcionado propiedades, facilitado la compra y el almacenamiento de armas y organizado el transporte terrestre y marítimo.
Las autoridades cubanas señalaron directamente a Maritza Lugo Fernández, ciudadana cubana residente en Florida, por su presunta colaboración en la organización del plan. Lugo Fernández dirige el movimiento Partido Democrático 30 de Noviembre, con sede en ese estado.
Algunos de los detenidos declararon que recibieron entrenamiento en una finca de Florida que, según la versión cubana, pertenece a Lugo Fernández. Estas afirmaciones proceden de la investigación realizada por las autoridades de la isla y no fueron confirmadas de manera independiente.
Una de las acusadas rechaza los señalamientos
Lugo Fernández negó las acusaciones. En un video incluido en el reporte de medios estatales cubanos, afirmó que el Gobierno de la isla la ha acusado durante más de cuatro décadas de terrorismo y de otros delitos. Agregó que no le preocupaban los nuevos señalamientos porque los considera falsos.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba y el Departamento de Justicia estadounidense no respondieron de inmediato a una solicitud de Reuters para fijar una postura sobre las acusaciones presentadas por el Gobierno cubano.
Cuba y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, habían informado anteriormente que cooperaban en las pesquisas relacionadas con el caso. Sin embargo, el reporte no detalla el alcance actual de esa colaboración ni las acciones que las autoridades estadounidenses habrían realizado.
Detenidos habrían planeado ataques simultáneos
Según la versión de las autoridades cubanas, varios de los detenidos dijeron que el plan contemplaba ataques simultáneos contra instalaciones de la policía y la guardia fronteriza en Matanzas, provincia ubicada al este de La Habana.
El objetivo, de acuerdo con los testimonios citados por Cuba, habría sido provocar un levantamiento armado y propiciar una intervención militar de Estados Unidos. La información divulgada no incluye una respuesta individual de los detenidos ni de sus representantes legales a estas imputaciones.
Las acusaciones aparecen en un periodo de creciente tensión entre Washington y La Habana. Cuba sostiene que las restricciones estadounidenses al suministro de combustible y el reforzamiento de las sanciones han profundizado la crisis económica de la isla. Estados Unidos, por su parte, ha calificado de corrupto al Gobierno cubano y ha expresado su intención de impulsar un cambio en el liderazgo del país.
Hasta el momento, las afirmaciones centrales sobre la organización, el entrenamiento y los objetivos de la incursión corresponden a la investigación de las autoridades cubanas. La negativa de Lugo Fernández y la falta de una respuesta oficial inmediata de Washington mantienen abiertas las diferencias sobre lo ocurrido y sobre las posibles responsabilidades fuera de Cuba.
