CIUDAD DE MÉXICO. — El caso de la desaparición de la menor Camila Rodríguez García, de 15 años de edad, no solo movilizó a los cuerpos de inteligencia de dos entidades federativas, sino que escaló a nivel nacional tras desatar intensas protestas, cierres viales y la legítima exigencia de justicia por parte de una comunidad que temía el peor de los escenarios: el accionar de una red delictiva dedicada a la trata de personas.
La alerta se encendió de forma oficial el pasado 4 de julio, fecha en que la adolescente fue vista por última vez en la zona centro del país. Ante la falta de avances inmediatos en las primeras horas de su ausencia, la desesperación empujó a los familiares, amigos y vecinos de la joven a emprender medidas drásticas de presión civil. El grupo de manifestantes desató el caos vial al realizar bloqueos totales y protestas en la autopista México-Cuernavaca, una de las arterias más importantes de la capital, condicionando la liberación de la ruta a cambio de una respuesta contundente e inmediata por parte de las autoridades ministeriales.
La presión social surtió efecto y obligó a las fiscalías de la Ciudad de México y del estado de Chihuahua a activar de manera conjunta los protocolos de la Alerta Amber, desplegando células de investigación tecnológica. El punto de quiebre en la investigación ocurrió al realizar el rastreo de geolocalización del teléfono celular de la menor. Las antenas repetidoras arrojaron un dato que encendió aún más las alarmas de los investigadores: el dispositivo de Camila emitía señal directamente desde el municipio fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La detección del teléfono en una de las fronteras con mayor historial de problemáticas de género fortaleció de inmediato la hipótesis de que la menor había sido enganchada y trasladada de forma forzada hacia el norte del país bajo la operación de un grupo criminal de trata de blancas. Este hallazgo técnico fue la pieza clave para que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua focalizara los operativos de búsqueda en sectores habitacionales específicos de Juárez, lo que finalmente permitiría que elementos de la policía municipal lograran ubicarla y ponerla bajo resguardo antes de que fuera sacada del país o incomunicada de forma definitiva.
