México.- La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, defendió a Guadalupe Taddei y cuestionó la autenticidad de los videos y audios que presuntamente la relacionan con posibles irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, la presidenta municipal planteó que los materiales difundidos podrían haber sido manipulados o generados mediante herramientas de inteligencia artificial. Por ese motivo, señaló que no deben darse por válidos los señalamientos mientras no exista un respaldo documental y legal.
López Rodríguez, integrante de Morena, sostuvo que esperará las determinaciones de las autoridades competentes antes de emitir un juicio definitivo sobre el contenido de las grabaciones y las responsabilidades que eventualmente pudieran derivarse.
La alcaldesa también afirmó haber sido víctima de fabricaciones digitales, por lo que insistió en la necesidad de revisar técnicamente cualquier archivo audiovisual antes de asumirlo como auténtico. Sus declaraciones se producen en medio de la difusión de señalamientos que involucran a Taddei y a un proveedor del organismo electoral.
¿Qué se atribuye a las grabaciones?
De acuerdo con el material difundido principalmente por Latinus, los videos y audios mostrarían reuniones privadas, viajes y conversaciones entre Guadalupe Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, identificado como proveedor de insumos y servicios para el INE.
En esas conversaciones, según la versión divulgada, se hablaría de la distribución de ganancias vinculadas con contratos públicos del instituto. Uno de los diálogos atribuidos a los involucrados menciona remanentes por 48 millones de dólares y una posible distribución de 70 por ciento para un tercero y 30 por ciento para los interlocutores.
Los materiales también incluirían registros de encuentros en un inmueble ubicado en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, además de reuniones realizadas alrededor del 15 de septiembre. Otro de los elementos difundidos corresponde a imágenes de un viaje a París del empresario en compañía de Jorge Francisco Piñeda Taddei, identificado en la publicación como hijo de la exfuncionaria.
Asimismo, se atribuyen a las grabaciones conversaciones sobre servicios tecnológicos, particularmente sobre el posible control y monetización de códigos QR incorporados en las credenciales para votar.
Estos señalamientos permanecen en calidad de versiones sujetas a investigación. El material proporcionado no incluye dictámenes periciales que acrediten la autenticidad de los archivos, expedientes judiciales ni una resolución que establezca responsabilidades. Tampoco incorpora una respuesta directa de Taddei o del empresario respecto de cada una de las acusaciones.
Revisión de contrataciones en el INE
La información disponible señala que el INE comenzó una revisión colegiada de sus procesos de contratación. También refiere la salida de 30 funcionarios después de la renuncia atribuida a la titular del organismo.
Entre las bajas reportadas se encontrarían 17 personas adscritas a la Oficina de la Presidencia, incluido el jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas. Además, se mencionan cambios en las direcciones ejecutivas de Servicios de Informática, Comunicación Social e Igualdad de Género, así como en áreas de Recursos Materiales y de la Secretaría Ejecutiva.
La revisión institucional, según el material original, se encuentra a cargo de las diez consejerías del INE y de la Junta General Ejecutiva. La autenticidad y el valor probatorio de los archivos deberán ser determinados por las instancias correspondientes.
Sheinbaum pide canalizar posibles irregularidades
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó de los actos atribuidos a Taddei y sostuvo que cualquier hallazgo con posible responsabilidad penal deberá presentarse ante la Fiscalía General de la República. En el caso de eventuales faltas administrativas, indicó que correspondería intervenir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Abelina López consideró favorable que las investigaciones continúen, pero reiteró que no deben adelantarse conclusiones. El punto central de su postura es que la tecnología actual permite alterar imágenes y voces, por lo que cualquier acusación debe apoyarse en pruebas verificadas y procedimientos legales.
