CALIFORNIA, Estados Unidos.— Una red de sobornos, contraseñas y filtraciones habría protegido al exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding y facilitado las operaciones de la organización criminal que presuntamente encabezaba, informó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Central de California.
De acuerdo con la acusación estadounidense, funcionarios públicos mexicanos habrían recibido pagos para retrasar investigaciones criminales, desaparecer o manipular pruebas y conseguir que fueran desestimados cargos penales contra integrantes y asociados de la organización de Wedding.
El documento menciona una acusación formal de dos cargos contra Edgar Aaron Vazquez Alvarado, de 42 años, conocido con los alias de “El General” o “Mini”. Según la información difundida, Vazquez Alvarado murió la semana pasada tras ser baleado por policías mexicanos.
La Fiscalía sostiene que Vazquez Alvarado se presentaba como fundador y jefe de El Cártel Nuevo Imperio, descrito en la acusación como una organización criminal violenta que operaba principalmente en la Ciudad de México.
Presuntamente, el señalado traficaba cocaína para la organización de Wedding y entregaba a sus integrantes una serie de palabras clave que cambiaban casi todos los días. Las contraseñas eran comunicadas por quienes transportaban cargamentos de cocaína a integrantes de las fuerzas del orden y personal militar mexicano ubicado en puestos de control.
Este mecanismo, según la acusación, permitía que los cargamentos atravesaran los puntos de revisión sin ser detenidos. Las autoridades estadounidenses no detallaron en la información proporcionada cuántos funcionarios estarían involucrados ni las instituciones específicas a las que pertenecían.
Pagos para frenar investigaciones
La acusación también indica que Vazquez Alvarado habría ayudado a integrantes y asociados de la organización de Wedding mediante pagos a funcionarios públicos mexicanos. El objetivo presuntamente era ralentizar investigaciones, eliminar pruebas incriminatorias, alterar evidencias y obtener la desestimación de cargos.
La Fiscalía estadounidense afirma que estas acciones se habrían realizado desde octubre de 2024 hasta enero de 2026 y que permitieron a Wedding evitar ser detectado por las autoridades de Estados Unidos durante ese periodo.
En el expediente también aparece Roberto Gómez, de 51 años, identificado con los alias de “Rob Flores”, “Fat Boy” y “Rooster”. Gómez, ciudadano estadounidense, habría trabajado como proveedor e intermediario de narcóticos para varias organizaciones criminales transnacionales, incluida la de Wedding, entre 2016 y 2026.
Según los fiscales, Gómez ayudó a Wedding a obstaculizar y evitar su detención, juicio y castigo en Estados Unidos. Asimismo, habría intentado negociar la venta de aproximadamente 453.6 kilogramos de metanfetamina entre un proveedor y Wedding.
La operación señalada en la acusación estaba valuada en alrededor de 550 mil dólares, cantidad que presuntamente sería cubierta mediante criptomonedas. Estados Unidos catalogó a Wedding como narcotraficante especialmente designado, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía.
Acceso a información confidencial
Las autoridades sostienen que Gómez mantuvo reuniones y comunicaciones con líderes de organizaciones consideradas terroristas extranjeras por Estados Unidos, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
También habría cultivado relaciones con personas que tenían acceso a información confidencial de corporaciones y agencias de seguridad mexicanas y estadounidenses. Mediante esos contactos, presuntamente obtuvo datos relacionados con operaciones policiales antes de compartirlos con sus cómplices.
La información incluía detalles sobre arrestos, decomisos de drogas, ejecución de órdenes judiciales y presentación de cargos penales. De acuerdo con la Fiscalía, Wedding fue una de las personas que recibió esos reportes.
Los señalamientos forman parte de una acusación penal y deberán ser acreditados ante las instancias judiciales correspondientes. La información difundida no precisa la identidad de los funcionarios mexicanos que presuntamente participaron en la red ni informa cuántos habrían recibido sobornos.
