Ciudad Juárez, Chihuahua.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván rechazó pronunciarse sobre los señalamientos atribuidos a Guillermo Arturo Zuany, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, quien aseguró que la mandataria tenía conocimiento de la operación realizada en el narcolaboratorio de El Pinal, en la sierra de Chihuahua.
Durante una visita a Ciudad Juárez, Campos Galván sostuvo que el asunto corresponde a las autoridades judiciales y que el Poder Ejecutivo estatal no está involucrado en los procedimientos relacionados con las órdenes de aprehensión y acusaciones contra el exfuncionario.
“No tengo nada que decir al respecto, eso le compete a las autoridades judiciales, el Ejecutivo no está involucrado en esto”, declaró la gobernadora al ser cuestionada sobre el caso.
Respecto a la versión de que presuntamente conocía la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, en el operativo efectuado en El Pinal, información difundida por el periódico The New York Times, Campos Galván respondió: “Mejor se lo diga a un juez”.
Fiscalía niega conocimiento o autorización
Por separado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua negó que la gobernadora hubiera conocido o autorizado la participación de personas extranjeras en actividades operativas de la institución.
En un comunicado, la dependencia estatal indicó que la carpeta de investigación relacionada con el operativo realizado en abril de 2026 en el municipio de Morelos contiene, hasta el momento, 150 declaraciones rendidas por 86 personas. También incluye elementos documentales, periciales y técnicos.
La Fiscalía señaló que en ninguna de esas declaraciones ni en los demás datos de prueba integrados a la investigación existe una referencia que indique que la titular del Poder Ejecutivo estatal conociera o autorizara la intervención de personas extranjeras en actividades operativas.
Según la dependencia, la investigación habría acreditado una situación distinta: que esa información le fue ocultada a la gobernadora. Agregó que un juez de control consideró probable ese planteamiento al dictar un auto de vinculación a proceso, aunque el comunicado difundido no detalló en este apartado quiénes fueron vinculados ni los delitos específicos analizados.
Dichos no forman parte de la carpeta
La Fiscalía también puntualizó que las declaraciones atribuidas a una persona contra la que existe una orden de aprehensión vigente no forman parte de la carpeta de investigación. Por ese motivo, señaló que no emitirá una postura sobre versiones presentadas fuera del proceso judicial.
La institución afirmó que sus actuaciones se encuentran sustentadas exclusivamente en los datos de prueba incorporados formalmente al expediente y que permanecen sujetas al control del juez encargado de la causa.
Sobre las personas extranjeras mencionadas en el caso, la Fiscalía evitó confirmar su identidad o adscripción institucional. Únicamente precisó que en la carpeta aparecen registradas como ciudadanos estadounidenses. También indicó que no se pronunciará sobre documentos que no le hayan sido exhibidos dentro del procedimiento.
Esta precisión resulta relevante porque los señalamientos difundidos públicamente identifican a los extranjeros como agentes de la CIA, mientras que la dependencia estatal indicó que el expediente, según su postura oficial, solamente los reconoce como ciudadanos de Estados Unidos.
Investigación permanece abierta
La Fiscalía de Chihuahua informó que la investigación continúa en su etapa complementaria, de acuerdo con el plazo establecido por el juez. Durante esta fase pueden incorporarse nuevos datos antes de que el proceso avance a las siguientes etapas judiciales.
Asimismo, la dependencia aseguró que compartió el contenido de la investigación con la Fiscalía General de la República, dentro de los mecanismos de colaboración entre ambas instituciones.
Hasta ahora, la postura oficial de la Fiscalía estatal es que no cuenta con datos que demuestren que Campos Galván conoció o autorizó la participación de extranjeros en el operativo. La gobernadora, por su parte, sostuvo que cualquier acusación deberá plantearse ante la autoridad judicial correspondiente.
