Washington.– El gobierno del presidente Donald Trump amplió su ofensiva en materia migratoria con una demanda contra la Universidad Estatal de Pensilvania, conocida como Penn State, por su política de ofrecer matrículas a precio de residente del estado a ciertos inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin autorización legal.
El Departamento de Justicia presentó el recurso el jueves con el objetivo de impugnar el beneficio universitario. La dependencia sostiene que la legislación federal impide que los estados otorguen un trato preferencial a inmigrantes sin estatus legal, incluso cuando cumplan con los requisitos estatales de residencia.
La demanda coloca a Penn State en el centro de una controversia que combina políticas de educación superior, requisitos de residencia y la estrategia migratoria de la administración de Trump. La universidad cuenta con aproximadamente 86 mil estudiantes.
Un portavoz de Penn State confirmó que la institución estaba al tanto de la acción legal y señaló que se encontraba en proceso de revisar el contenido de la demanda. La universidad no dio a conocer, de acuerdo con la información disponible, otras medidas o una respuesta jurídica detallada.
Gobierno cuestiona tarifas para residentes
El punto en disputa es la posibilidad de que determinados alumnos paguen una tarifa de matrícula equivalente a la aplicada a los residentes de Pensilvania. Estas cuotas suelen ser distintas a las cobradas a estudiantes procedentes de otros estados, por lo que el reconocimiento de la residencia puede influir directamente en el costo de los estudios.
El gobierno federal argumenta que una política estatal o universitaria no puede conceder beneficios preferenciales a personas que permanecen en el país sin autorización legal. Esa postura ha sido utilizada por el Departamento de Justicia para cuestionar medidas similares en otras entidades e instituciones educativas.
“El Departamento de Justicia continúa este día con sus esfuerzos para garantizar que ninguna ley estatal ni política universitaria otorgue un trato preferencial a extranjeros ilegales por encima de los propios ciudadanos de nuestra nación”, declaró Stanley Woodward, alto funcionario de la dependencia, mediante un comunicado de prensa.
Más de una veintena de estados llegaron a ofrecer este tipo de beneficio en el costo de las matrículas. Algunas de esas políticas contaron con respaldo de integrantes de ambos partidos, pero el panorama comenzó a cambiar a medida que la administración de Trump presentó impugnaciones legales.
Kentucky, Illinois, Nebraska, Oklahoma, Texas, Kansas y Florida se encuentran entre los estados que eliminaron estas disposiciones después del inicio de las demandas gubernamentales. Las acciones más recientes se han concentrado en instituciones específicas. El mes pasado, el gobierno también presentó una demanda contra la Universidad de Delaware.
Defensores rechazan que exista trato preferencial
Quienes respaldan las tarifas estatales sostienen que estas políticas no violan la legislación federal cuando las mismas condiciones están disponibles para ciudadanos estadounidenses en circunstancias equivalentes. Entre los criterios mencionados están residir en el estado y haberse graduado de una escuela secundaria de la entidad.
Los defensores también señalan que muchos de los estudiantes beneficiados llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, acompañando a sus padres. Desde esa perspectiva, afirman que los jóvenes forman parte de las comunidades donde crecieron y cursaron sus estudios, al igual que sus compañeros ciudadanos estadounidenses.
La discusión jurídica se concentra, por tanto, en determinar si la tarifa constituye una preferencia basada en la situación migratoria o si se trata de un beneficio sustentado en condiciones de residencia y trayectoria escolar que pueden ser cumplidas por otros alumnos.
El litigio contra Penn State ocurre además en un momento de revisión política tras el revés sufrido por el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato del martes. El resultado ha generado expectativas sobre posibles cambios en las políticas de educación e inmigración, aunque la demanda muestra que el gobierno mantiene su estrategia legal contra este tipo de beneficios.
Por ahora, el caso se encuentra en una etapa inicial. Penn State deberá definir su respuesta después de revisar la demanda, mientras el Departamento de Justicia continúa con las impugnaciones dirigidas a las políticas estatales y universitarias relacionadas con el costo de las matrículas.
