CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias relacionadas con Guadalupe Taddei y con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, identificados como proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con la información difundida sobre el caso.
La medida alcanzaría en total a 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales. De esa cantidad, 25 serían personas físicas y 15 personas morales. El bloqueo habría sido ordenado después de que la UIF detectara movimientos financieros considerados sospechosos y que, según lo reportado, requieren una revisión más amplia por parte de las autoridades.
Además de inmovilizar las cuentas, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Corresponderá al Ministerio Público federal investigar las operaciones y determinar si están relacionadas con alguna conducta ilícita.
Contratos del INE bajo revisión
La actuación de la UIF ocurre en medio de señalamientos periodísticos sobre posibles conflictos de interés e irregularidades en contratos entregados por el INE a distintas compañías. Entre las personas mencionadas se encuentran José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, señalados como proveedores del organismo electoral.
Una de las compañías relacionadas con los hermanos es Cajas Graf. Esta empresa, junto con Corporativo Zeg, obtuvo contratos por 197.6 millones de pesos en enero de 2025 para producir materiales correspondientes a la elección judicial, según la información disponible.
Los señalamientos también apuntan a presuntos vínculos entre personas cercanas a Taddei y algunas de las empresas contratadas. Uno de los casos mencionados es el de Jonathan Navarrete Torres, identificado como chofer de la funcionaria y quien presuntamente aparecía como apoderado legal de Corporativo Zeg.
Estos elementos generaron cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados para asignar los contratos y sobre la posibilidad de que compañías relacionadas con personas cercanas a integrantes del instituto hubieran recibido beneficios. Hasta ahora, esos señalamientos deberán ser acreditados o descartados mediante las investigaciones correspondientes.
ASF abrió tres líneas de investigación
Las revisiones no se limitan a la UIF. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió tres líneas de investigación relacionadas con compras, contratos y manejo de recursos del INE, del antiguo Instituto Federal Electoral y de los organismos públicos electorales de las entidades.
La primera línea se concentra en los procedimientos utilizados para contratar empresas y servicios, con el objetivo de detectar posibles anomalías en las adjudicaciones. La segunda contempla revisar compras realizadas entre 2000 y 2025 para establecer si determinadas compañías concentraron contratos o recibieron algún beneficio irregular.
La tercera revisión está enfocada en el ejercicio del presupuesto del INE y de los recursos federales entregados a organismos electorales locales. Por separado, el Órgano Interno de Control del instituto mantiene 18 expedientes relacionados con el caso y revisa la actuación de cinco funcionarios, según los datos difundidos.
Entre las conductas bajo análisis se encuentran posibles conflictos de interés, uso indebido de recursos públicos e irregularidades en la contratación de proveedores. La existencia de expedientes o investigaciones no significa, por sí misma, que las personas involucradas sean responsables.
El bloqueo no equivale a una sentencia
El congelamiento impide que las personas y empresas incluidas en la lista dispongan libremente de los recursos depositados o efectúen determinadas operaciones bancarias mientras la medida permanezca vigente.
Sin embargo, el bloqueo es de carácter preventivo y no representa una declaración de culpabilidad. Las personas afectadas pueden presentar pruebas, impugnar la medida y ejercer su derecho de defensa ante las instancias correspondientes.
La FGR deberá analizar los movimientos reportados por la UIF y definir si existen elementos para continuar con una investigación penal o deslindar responsabilidades. Mientras tanto, seguirán las revisiones sobre las contrataciones del INE y los posibles vínculos entre funcionarios, personas cercanas y compañías proveedoras.
