Chenalhó, Chiapas.— Reynaldo Pérez Pérez acudió en al menos dos ocasiones ante la Fiscalía para denunciar las amenazas que recibía antes de ser asesinado el 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum, de acuerdo con José Vásquez Gutiérrez, defensor de derechos humanos que trabajaba junto con él.
Vásquez explicó que ambos acompañaban a familias desplazadas de Chenalhó y Pantelhó, en la región de Los Altos de Chiapas. Una semana antes del crimen, agregó, los dos recibieron un aviso sobre personas que presuntamente los vigilaban y que tenían la intención de matarlos.
“Yo se lo comenté a Reynaldo. Ten mucho cuidado al salir, le dije. Pero sucedió”, relató Vásquez después de rendir su declaración ante la Fiscalía de Justicia Indígena, un día después del asesinato.
Habían denunciado amenazas ante la Fiscalía
Los dos defensores contaban con medidas otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal. Entre ellas se encontraban un teléfono satelital y un botón de pánico. Sin embargo, dichas acciones no evitaron el asesinato de Pérez Pérez.
Vásquez dijo que mantiene dos denuncias por amenazas que todavía no han sido resueltas y que volvió a plantearlas durante su declaración. Según su testimonio, cada vez que recibían una intimidación acudían ante las autoridades para dejar constancia.
También recordó que Reynaldo había denunciado públicamente y ante la Fiscalía de Chiapas la existencia de amenazas, riesgos y grupos armados. Vásquez atribuyó el acoso al trabajo que ambos realizaban en apoyo de personas desplazadas por la violencia.
El defensor pidió a la Fiscalía de Justicia Indígena, a la Fiscalía General del Estado y al gobierno de Chiapas actuar para garantizar justicia y evitar nuevos hechos violentos. También llamó a los grupos armados a detener las agresiones.
Durante el sepelio de Reynaldo, algunos asistentes aseguraron que existiría una oferta de cuatro millones de pesos por la vida de Vásquez. Esta versión fue referida por personas presentes, pero no se informó de una confirmación oficial por parte de las autoridades.
La ONU había documentado el riesgo
La situación de ambos defensores ya había sido expuesta ante el gobierno mexicano. El 17 de febrero de 2025, cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas enviaron una comunicación en la que manifestaron preocupación por las amenazas de muerte, un intento de desaparición y ataques armados denunciados desde octubre de 2022.
Los relatores señalaron posibles deficiencias en las investigaciones y consideraron insuficientes las acciones aplicadas por el mecanismo federal de protección. El gobierno respondió que Pérez y Vásquez estaban incorporados a ese programa desde el 13 de junio de 2023.
Además del teléfono satelital y el botón de pánico, a Reynaldo le instalaron una cerca con alambre de concertina alrededor de su vivienda. De acuerdo con el relato de los hechos, el defensor fue sepultado dentro de ese perímetro.
Familias viven bajo temor en la región
Vásquez describió un ambiente de miedo entre hombres, mujeres, menores y adultos mayores de la zona. Una familiar de Reynaldo también aceptó hablar durante el sepelio, pero solicitó mantener su identidad y rostro en reserva por temor a represalias.
La mujer afirmó que habitantes de la comunidad temen ser observados por personas relacionadas con grupos delictivos. Indicó que incluso hablar o ayudar a alguien puede representar un riesgo para las familias.
La violencia contra defensores vinculados con la crisis de Pantelhó tiene antecedentes recientes. Entre los casos mencionados se encuentran los asesinatos del catequista Simón Pedro Pérez López, en julio de 2021; del fiscal de Justicia Indígena Gregorio Pérez Gómez, en agosto de ese año, y del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, en octubre de 2024. Este último contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde 2022, un conflicto armado en Santa Martha, Chenalhó, obligó a decenas de familias a desplazarse hacia Polhó. En junio de 2023, siete desplazados, incluido un niño de tres años, fueron asesinados. Reynaldo Pérez y José Vásquez acompañaban a esas familias.
Tras el asesinato se difundió de manera extraoficial que fueron detenidos el dueño del taller donde ocurrió el ataque y el propietario de una motocicleta localizada cerca del lugar. Hasta lo indicado en el material disponible, la Fiscalía General del Estado no había confirmado públicamente esas detenciones.
