
ALMOLOYA DE JUÁREZ, Estado de México.— La audiencia federal del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, se reanudó la noche del martes en los juzgados federales del penal de máxima seguridad El Altiplano, después de que su defensa solicitó tiempo adicional para revisar el expediente presentado por la Fiscalía General de la República (FGR).
El expediente está integrado por cuatro tomos con constancias y anexos relacionados con una investigación por la posible comisión del delito de traición a la patria. El caso deriva de la presunta presencia de agentes estadounidenses durante un operativo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en abril de 2026.
La audiencia está encabezada por el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes. Los abogados de Jáuregui solicitaron un receso de 24 horas para analizar la documentación, pero el juzgador concedió la mitad del tiempo. El procedimiento se reanudó a las 21:00 horas.
Antes de continuar con la diligencia, la defensa señaló que todavía no conocía los hechos específicos atribuidos al exfiscal, debido a que la FGR no había formulado formalmente la imputación. La Fiscalía argumentó que parte de la información podría ocasionar un conflicto diplomático, por lo que se plantearon segmentos abiertos y otros de acceso restringido.
Durante la sesión matutina fueron abordados asuntos relacionados con seguridad nacional y una posible traición a la patria. Sin embargo, la clasificación jurídica concreta deberá quedar establecida al momento de la formulación formal de los cargos.
Testimonios incluidos en la investigación
La carpeta federal incorpora declaraciones de integrantes de la AEI que participaron en el despliegue hacia la Sierra Tarahumara. Uno de ellos declaró ante el Ministerio Público Federal que el 16 de abril el personal se reunió en instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua y después se trasladó al Complejo Estatal de Seguridad Pública, sin conocer inicialmente el destino de la operación.
El agente aseguró haber visto a dos personas extranjeras encapuchadas, vestidas de civil y con prendas para senderismo. De acuerdo con su testimonio, no hablaban español y viajaban en la camioneta del comandante. También afirmó que las observó en el campamento y que las escuchó saludar en inglés, aunque no las vio conversar con otros integrantes del operativo.
Otro elemento declaró que salió en convoy rumbo a Cuauhtémoc y posteriormente a Guachochi. Durante el traslado observó a dos personas sin uniforme, encapuchadas y con gorra, pero indicó que no pudo identificar con quiénes viajaban ni escuchar la conversación que sostenían.
La investigación se relaciona con el operativo efectuado del 17 al 19 de abril en El Pinal para desmantelar laboratorios clandestinos presuntamente destinados a producir drogas sintéticas. La FGR sostiene que las autoridades estatales no informaron oportunamente a la Federación y que determinados hechos debían ser investigados por autoridades federales.
Durante el regreso del convoy, el 19 de abril, una camioneta cayó por un barranco en un camino de terracería y se incendió. En el accidente fallecieron Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI; dos agentes estadounidenses y un escolta estatal, según la información integrada al caso.
Simpatizantes se manifiestan en Chihuahua
Mientras se desarrollaba la audiencia en el Estado de México, alrededor de 100 simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional se concentraron frente a las instalaciones estatales del partido en la ciudad de Chihuahua.
Los asistentes ingresaron posteriormente al edificio para dialogar con la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez. Le solicitaron intervenir ante el dirigente nacional, Jorge Romero, y pidieron respeto a la presunción de inocencia, mayor respaldo partidista y una ampliación de los plazos del proceso interno para seleccionar candidaturas a la alcaldía de Chihuahua.
Jáuregui también enfrenta un procedimiento estatal por ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos. En una audiencia previa negó haber ordenado, coordinado o participado en el operativo. Un juez determinó que enfrentara ese proceso en libertad, sujeto a medidas cautelares.
Después de aquella resolución, agentes federales ejecutaron una orden de aprehensión y lo trasladaron al Estado de México. La FGR sostiene que presuntamente ordenó y coordinó el despliegue, además de permitir la intervención de extranjeros en acciones que, según la institución, correspondían a fuerzas federales. Estas acusaciones deberán ser analizadas y resueltas por la autoridad judicial.



