Nueva York, Estados Unidos.- Una jueza federal ordenó suspender una campaña de anuncios del Gobierno del presidente Donald Trump financiada con recursos públicos y bloqueó una asignación de 20 millones de dólares destinada a producir y difundir esos mensajes, a pocas semanas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.
La determinación fue emitida por Jennifer Rochon, magistrada del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien consideró que la campaña debía detenerse de manera inmediata ante el riesgo de que su continuidad pudiera causar un daño irreparable, de acuerdo con información difundida por EFE.
La medida judicial entró en vigor a las 18:45 horas locales del domingo y tendrá una duración inicial de 14 días. Sin embargo, ese plazo podría ampliarse si el tribunal decide extender la suspensión después de revisar el caso y los argumentos presentados por las partes involucradas.
Rochon adelantó que publicará próximamente una resolución más amplia para explicar los fundamentos jurídicos de su decisión. Por ahora, la orden tiene carácter temporal y no representa una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia relacionada con el financiamiento de los anuncios.
¿Qué contienen los anuncios del Gobierno de Trump?
Los comerciales combinan mensajes favorables al presidente estadounidense con señalamientos contra sus adversarios políticos. También incluyen referencias a acciones militares recientes de su administración, según la descripción incluida en el material disponible.
Entre los asuntos mencionados en la campaña aparecen el arresto del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y la guerra contra Irán. La difusión de estos contenidos en un periodo cercano a las elecciones provocó cuestionamientos sobre su naturaleza y sobre el uso de recursos gubernamentales para financiarlos.
El punto central de la controversia es que los anuncios fueron cubiertos con fondos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocido como DHS por sus siglas en inglés. Además de ordenar que los mensajes dejaran de transmitirse, la jueza bloqueó una asignación de 20 millones de dólares prevista para su producción y difusión.
La información disponible no detalla cuántos anuncios fueron elaborados, en qué plataformas o medios estaban siendo transmitidos ni qué cantidad del presupuesto había sido ejercida antes de la intervención judicial. Tampoco se precisó qué organización o personas solicitaron la suspensión.
Casa Blanca niega que sea propaganda electoral
Tras conocerse la decisión, la Casa Blanca defendió la campaña y aseguró que los comerciales tienen propósitos educativos y de servicio público. El Gobierno estadounidense rechazó que se trate de propaganda relacionada con el proceso electoral.
Trump también justificó el gasto y sostuvo que no realiza promoción electoral porque no es candidato en las elecciones previstas para noviembre. El mandatario afirmó que, mediante esos mensajes, está “promoviendo el país”.
El presidente agregó que estaría dispuesto a cubrir personalmente el costo si las autoridades determinaran que el uso de recursos públicos fue incorrecto. No obstante, el material disponible no señala si existe un mecanismo formal para realizar ese pago ni si alguna autoridad se lo ha solicitado.
Suspensión temporal en espera de una resolución
Durante los 14 días establecidos por el tribunal, la campaña deberá permanecer suspendida y los 20 millones de dólares quedarán bloqueados, salvo que exista una nueva determinación judicial. La resolución anunciada por Rochon permitirá conocer con mayor precisión los argumentos legales que respaldan la medida.
El caso se desarrolla en un momento políticamente sensible por la cercanía de las elecciones de medio mandato. La controversia no se limita al contenido de los comerciales, sino que también comprende el origen público de los recursos utilizados para producirlos y difundirlos.
La suspensión mantiene detenido el proyecto mientras el tribunal analiza el caso. Hasta que se publique la resolución completa, permanecerán pendientes los detalles sobre el alcance de la orden y los siguientes pasos que podrán tomar el Gobierno de Trump y las demás partes involucradas.
