ESTADO DE MÉXICO.- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, saldría del penal federal de máxima seguridad de El Altiplano después de que un juez habría concedido que continúe en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en delitos relacionados con el llamado huachicol fiscal.
La información fue difundida en redes sociales por el Partido Somos, organización de cuyo Consejo Consultivo formaría parte el exmandatario. De acuerdo con esa versión, el cambio de medida cautelar había sido solicitado por su hija, Verónica Ruffo Sánchez, bajo el argumento de que el político tiene 74 años.
El material señala que un juez federal concedió una suspensión definitiva a Ernesto “N” contra la resolución que previamente le había negado la posibilidad de cumplir en su domicilio la prisión preventiva. Sin embargo, la información proporcionada no incluye una copia íntegra de la determinación judicial ni precisa las condiciones, el plazo o los alcances concretos de la medida.
Según el relato, la resolución está relacionada con el expediente 889/2026 y tendría como fecha de acuerdo el 21 de septiembre de 2026. Esta referencia temporal requiere ser corroborada, pues el material no aporta elementos adicionales que permitan verificar la fecha ni explica la cronología completa del procedimiento.
La versión agrega que Guadalupe Acosta Naranjo, identificado como dirigente nacional de Somos, y Verónica Ruffo Sánchez ingresaron un martes al Penal del Altiplano para visitar al exgobernador. Durante el encuentro le habrían transmitido un mensaje de apoyo y proporcionado información sobre la integración de comités que solicitan su liberación.
El texto original sostiene que Ruffo Appel fue detenido en Ensenada, Baja California, el 16 de julio, aunque no especifica claramente el año. Posteriormente habría sido vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La versión atribuye las acusaciones a la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con esos señalamientos, el exgobernador sería investigado como presunto integrante de una red dedicada al huachicol fiscal y vinculada con la empresa Ingemar. La Fiscalía habría calculado un daño fiscal superior a 4 mil millones de pesos. Estas imputaciones forman parte de un proceso en curso y no equivalen a una sentencia condenatoria, por lo que debe prevalecer la presunción de inocencia.
Ruffo Appel fue el primer gobernador de Baja California surgido del Partido Acción Nacional, luego de ganar las elecciones estatales de 1989. Su situación ha generado pronunciamientos de figuras políticas que han solicitado que enfrente el procedimiento fuera del centro penitenciario, principalmente por su edad.
Entre quienes expresaron respaldo se encuentra el expresidente Vicente Fox Quesada. El material refiere que el 25 de agosto Fox y otros integrantes de un comité de apoyo pidieron que Ruffo pudiera continuar su proceso desde su domicilio. El exmandatario argumentó que esa posibilidad está contemplada en la legislación y defendió públicamente la trayectoria del exgobernador.
Hasta lo expuesto en el material, no se incluye una postura actualizada de la Fiscalía General de la República ni información oficial del Poder Judicial de la Federación sobre la ejecución de la prisión domiciliaria. Tampoco se precisa cuándo abandonaría Ruffo Appel el Penal del Altiplano o qué mecanismos de vigilancia serían aplicados.
Por ello, aunque la versión difundida afirma que el juez concedió la suspensión definitiva, la salida del centro penitenciario y las condiciones de la nueva medida cautelar quedan pendientes de confirmación mediante la resolución judicial correspondiente. El proceso penal deberá continuar hasta que las autoridades determinen su situación jurídica definitiva.
