Estados Unidos.- El gobierno estadounidense buscará identificar y responsabilizar a políticos o funcionarios que presuntamente colaboren con organizaciones dedicadas al narcotráfico, advirtió Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca.
La funcionaria indicó que la estrategia de la administración de Donald Trump no se limitará a perseguir a los dirigentes de los cárteles, decomisar drogas o asegurar armas. Según explicó, Washington también pretende actuar contra personas que, desde posiciones políticas o institucionales, faciliten las operaciones de esos grupos.
“Si hay políticos que trabajan con los cárteles, ya sea en México o incluso en Estados Unidos; si nos enteramos, los buscaremos y los haremos responsables por ello”, declaró Carter durante una entrevista con N+.
La advertencia no significa que todos los políticos mexicanos estén bajo investigación ni constituye, por sí misma, una acusación contra una persona específica. Carter tampoco dio nombres de funcionarios o representantes señalados. Cualquier procedimiento dependería de investigaciones y de las autoridades estadounidenses con facultades para presentar cargos o imponer sanciones.
Revocación de visas, entre las posibles medidas
Carter mencionó la revocación de visas como una de las herramientas que Estados Unidos podría utilizar contra personas sospechosas de colaborar con organizaciones del narcotráfico o brindarles apoyo.
“Si alguien colabora con los cárteles, si se sospecha que alguien colabora con los cárteles o los apoya, tenemos el derecho de revocarle su visa”, sostuvo la funcionaria.
También aseguró que la administración de Trump “ya no va a quedarse de brazos cruzados” frente a las organizaciones criminales. No obstante, precisó que posibles acusaciones o sanciones contra funcionarios tendrían que ser determinadas por las instancias estadounidenses correspondientes.
Washington pide más recursos para seguridad
Además de las posibles acciones contra redes políticas de protección, Carter pidió que México destine mayores recursos a las instituciones encargadas de combatir a los cárteles.
La directora de la oficina antidrogas afirmó que Washington busca “más acción” para que el Cártel Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones rindan cuentas. En ese contexto, consideró necesario fortalecer los presupuestos de las fuerzas de seguridad y del Ejército mexicano.
“Queremos que se asigne más dinero a las Fuerzas de Seguridad y al Ejército de México en su lucha contra los cárteles”, declaró.
A pesar de la presión planteada por Washington, Carter reconoció la cooperación de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Señaló que existen comunicación e intercambio de inteligencia entre ambos gobiernos para localizar a dirigentes criminales y desmantelar organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Cooperación con respeto a la soberanía
Al ser cuestionada sobre una eventual acción militar estadounidense en México sin autorización del Gobierno mexicano, Carter no respaldó expresamente esa posibilidad. Su respuesta se concentró en la coordinación bilateral y en la necesidad de preservar la soberanía de ambos países.
La funcionaria afirmó que la cooperación entre agencias estadounidenses, autoridades mexicanas y fuerzas militares ha permitido avances contra los cárteles. También reconoció los riesgos que enfrentan los elementos mexicanos durante los operativos.
Armas, dinero y precursores
Carter reconoció que la estrategia bilateral tampoco puede limitarse al flujo de drogas hacia Estados Unidos. Indicó que las autoridades de su país trabajan para rastrear las armas que cruzan hacia México, identificar a quienes las transportan y determinar su origen y destino.
Agregó que deben mantenerse las acciones contra las redes de suministro y los precursores utilizados para fabricar drogas sintéticas. Este planteamiento coincide con la demanda del Gobierno mexicano para que Estados Unidos atienda el tráfico de armas, el consumo de drogas y los recursos financieros que fortalecen a las organizaciones criminales.
Las declaraciones colocan la posible participación de actores políticos en el centro de una relación bilateral marcada por la seguridad. Mientras Washington plantea sanciones e investigaciones, México ha insistido en que la cooperación debe mantenerse sin subordinación y con respeto a su soberanía.
