ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump prometió entregar 5 mil dólares a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano conserva el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre. El anuncio generó cuestionamientos sobre su legalidad, financiamiento y posible impacto económico.
Las leyes federales estadounidenses prohíben efectuar gastos para influir directamente en el voto. Sin embargo, la propuesta anunciada plantea que el beneficio sería para todos los adultos del país, sin importar si participaron en la elección o por qué partido votaron.
John Day, exfiscal de Nuevo México, explicó a The New York Times que ofrecer una ventaja económica no necesariamente constituye un soborno electoral. Un ciudadano podría votar por los demócratas o abstenerse y todavía recibir el pago si el programa fuera aprobado.
Aunque la medida superara los cuestionamientos legales, necesitaría el aval del Congreso, institución responsable de autorizar el gasto público. Mantener una mayoría republicana facilitaría su discusión, pero no garantiza su aprobación.
Estados Unidos cuenta con aproximadamente 240 millones de ciudadanos adultos. Entregar 5 mil dólares a cada uno implicaría un costo cercano a 1.2 billones de dólares, según las estimaciones difundidas. Especialistas advierten que ese desembolso podría aumentar el déficit presupuestario y ejercer presión sobre la inflación.
El representante republicano de Texas, Chip Roy, expresó dudas sobre la manera en que se financiaría el programa. Marc Goldwein, del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, señaló que su costo sería superior al de las tres rondas de apoyos distribuidas durante la pandemia de COVID-19.
El vicepresidente JD Vance sugirió que las personas con mayores ingresos podrían quedar excluidas y planteó utilizar recursos procedentes de los aranceles. No obstante, lo recaudado mediante esas medidas sería menor al costo calculado.
Trump también indicó que el dinero tendría que gastarse dentro de Estados Unidos. Hasta ahora no se ha presentado un plan legislativo detallado sobre requisitos, calendario o fuente definitiva de financiamiento.
