CIUDAD DE MÉXICO.— Antes de ser detenido por su presunta participación en el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia, Diego Sebastián “N” promovió en distintas ocasiones juicios de amparo relacionados con posibles órdenes de captura, de acuerdo con expedientes revisados por La Silla Rota.
Los registros citados señalan que existe una causa penal relacionada con el argentino nacionalizado mexicano desde 2006. También muestran que recurrió a tribunales federales para intentar conocer si enfrentaba órdenes de detención, investigaciones o procedimientos que pudieran llevar a su captura.
Uno de los primeros recursos identificados fue presentado en 2017 ante un juzgado federal especializado en materia penal de la Ciudad de México. El procedimiento, relacionado con una posible orden de detención, terminó desechado.
En 2023 promovió otro juicio contra una eventual captura, pero no ratificó la demanda. Un año después presentó un recurso vinculado con la ejecución de una orden de aprehensión y comparecencia. La suspensión definitiva le fue negada y el expediente continuaba sin sentencia al momento de la revisión periodística.
El 23 de octubre de 2025 también acudió a un juzgado federal de Toluca, Estado de México. Ese juicio fue desechado porque no se encontró una orden de aprehensión en su contra. El último recurso reportado fue presentado el 22 de junio de 2026 y todavía no tenía resolución.
Los expedientes documentan la presentación de los recursos, aunque por sí solos no acreditan que estos hayan impedido una detención o una sentencia.
Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado el 1 de septiembre de 2026 junto con su esposa, su hija de tres años y una trabajadora doméstica en Atizapán de Zaragoza. El hijo de seis años de la pareja sobrevivió.
Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron detenidos posteriormente. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, indicó que existía una relación comercial entre el músico y el principal sospechoso, además de presuntas exigencias económicas y amenazas. La responsabilidad de los detenidos deberá ser determinada por las autoridades judiciales.
