CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la propuesta para que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) sean equipados con guantes capaces de administrar descargas eléctricas durante sus operativos.
Durante su conferencia matutina de este jueves 13 de agosto en Palacio Nacional, la mandataria reiteró que el Gobierno de México está en contra de las redadas migratorias y de cualquier acción que represente una violación a los derechos humanos.
Sheinbaum fue cuestionada sobre si haría un llamado para evitar el uso de herramientas como estos guantes eléctricos, ante el riesgo de que puedan vulnerar los derechos de las personas detenidas. En respuesta, manifestó su desacuerdo tanto con esos dispositivos como con los operativos contra migrantes.
“Lo hemos manifestado: nosotros no estamos de acuerdo, ni con redadas ni con la violación de derechos humanos de ninguna persona, pero en particular de un mexicano o mexicana que ha ido a Estados Unidos a ganarse la vida y que tiene muchísimos años allá”, expresó la presidenta.
La titular del Ejecutivo federal también pidió a Roberto Velasco que presente información sobre las denuncias interpuestas por casos de mexicanos que habrían muerto a manos de agentes migratorios estadounidenses o mientras se encontraban bajo custodia del ICE.
En el material proporcionado no se detalló cuántas denuncias han sido presentadas, a qué casos corresponden ni ante qué autoridades fueron interpuestas. La presidenta solicitó que se informe sobre el estado de esos procedimientos.
ICE contempla adquirir miles de dispositivos
El pronunciamiento ocurre después de que se diera a conocer que el ICE contempla equipar a sus agentes con guantes diseñados para producir descargas eléctricas dolorosas, con el argumento de controlar a personas que sean consideradas combativas durante una intervención.
De acuerdo con un aviso del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), la agencia prevé destinar hasta 20 millones de dólares a la compra de miles de los llamados “dispositivos conductivos de distracción y desescalada”.
El objetivo señalado en el aviso es contar con esos equipos para los agentes a más tardar en marzo. Sin embargo, la información disponible no precisa en qué etapa se encuentra el proceso de adquisición ni confirma que los dispositivos ya hayan sido entregados o utilizados de manera generalizada por el ICE.
Los guantes son conocidos como G.L.O.V.E., nombre formado a partir de las iniciales en inglés de “Generated Low Output Voltage Emitter”, que puede traducirse como Emisor de Generación de Descargas de Bajo Voltaje.
Estos dispositivos son fabricados por Compliant Technologies LLC, empresa con sede en Lexington, Kentucky. Según la información difundida, equipos de este tipo han sido utilizados en años recientes por algunas cárceles y departamentos de policía en Estados Unidos.
Gobierno mexicano condena las redadas
La postura expresada por Sheinbaum abarca tanto la posible incorporación de los guantes eléctricos como las redadas migratorias. La mandataria centró su mensaje en la protección de los derechos humanos, especialmente de mexicanos que han vivido y trabajado durante años en territorio estadounidense.
La presidenta no anunció durante su respuesta una medida diplomática específica relacionada con el plan de compra del ICE. Su instrucción se enfocó en solicitar información sobre las denuncias presentadas por las muertes de connacionales vinculadas con actuaciones de agentes migratorios o con periodos de detención bajo custodia.
La eventual adquisición de los guantes genera cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y las condiciones en que podrían emplearse. Hasta el momento, con base en la información disponible, se trata de un plan de compra contemplado por la agencia estadounidense y no se han detallado protocolos específicos para su posible aplicación durante operativos migratorios.
Sheinbaum sostuvo que México mantendrá su rechazo a las redadas y a cualquier práctica que vulnere los derechos de las personas, independientemente de su situación migratoria, con una atención particular a los ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos.
