Ciudad Juárez, Chihuahua.- El gobierno de los Estados Unidos ha emitido una serie de sanciones en contra de un conocido establecimiento de comida ubicado en la capital del estado de Chihuahua, bajo el argumento de que opera como una fachada económica para el blanqueo de capitales vinculados a actividades ilícitas. El comercio afectado por esta medida de carácter internacional es el negocio denominado Gorditas Chiwas. De acuerdo con las indagatorias presentadas por las agencias estadounidenses, este local comercial mantendría nexos operativos con la estructura delictiva del Cártel de Sinaloa.
El propietario del mencionado restaurante fue identificado como el empresario Alfredo Orozco Romero, quien además ejerce el control corporativo sobre la empresa de seguridad privada Grupo Especial Mamba Negra. Derivado de esta determinación del país vecino, el implicado se encuentra formalmente impedido para realizar cualquier tipo de transacción o mantener vínculos con el sistema bancario de los Estados Unidos. Asimismo, las restricciones legales dictadas le prohíben de forma estricta ejercer actividades laborales en territorio estadounidense, así como poseer activos financieros o bienes materiales bajo dicha jurisdicción.
Esta acción regulatoria forma parte de un golpe más amplio que abarca a otras doce personas señaladas por el Departamento del Tesoro. Entre los individuos que figuran en la lista de sancionados destaca Armando de Jesús Ojeda Ávila, a quien se le atribuye el liderazgo de una red dedicada de manera exclusiva a la legitimación de recursos financieros provenientes de la venta ilegal de fentanilo. En el mismo expediente se encuentran integrados diversos nombres como Jesús Alonso Aispuro Félix, Rodrigo Alarcón Palomares, Cástulo Bojórquez Chaparro, Noé de Jesús Castro Rocha, Freddy Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Liliana Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, Baltazar Sáenz Aguilar y Jesús González Peñuelas.
Ante el impacto de estas designaciones que provienen del extranjero, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Francisco Martínez, ha comenzado a evaluar las implicaciones legales locales. El seguimiento de estas sanciones internacionales por parte de las corporaciones mexicanas busca esclarecer el impacto real de estas redes financieras en la economía regional y determinar las acciones jurídicas pertinentes en el ámbito de su competencia.
