Ciudad de México.- La última prórroga otorgada al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) para devolver el inmueble ubicado en Antonio Caso 104 y 108, en la colonia San Rafael, venció la semana pasada sin que la restitución se haya concretado, de acuerdo con el testimonio de uno de los propietarios.
El caso se remonta a 2004, cuando un grupo de personas ocupó departamentos del edificio. Desde entonces, los dueños han emprendido distintas acciones legales para recuperar la propiedad, integrada por 34 departamentos y nueve locales comerciales.
Según información publicada originalmente por Excélsior, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa ordenó el 2 de junio de 2025 que el INVI devolviera el edificio a sus propietarios. La resolución fue impugnada por el instituto mediante un recurso de revisión.
Uno de los dueños, quien solicitó mantener su identidad en el anonimato, aseguró que un tribunal colegiado ratificó en febrero la sentencia emitida por el juzgado federal y ordenó al organismo capitalino restituir el inmueble.
Sin embargo, afirmó que la última ampliación del plazo concluyó la semana pasada y que el INVI todavía no ha cumplido la determinación judicial. Hasta la información disponible en el material original, no se incluyó una postura pública del instituto sobre el vencimiento señalado.
Propietarios piden intervención de Clara Brugada
El entrevistado solicitó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que la propiedad sea devuelta en un plazo de 15 días. Su petición hace referencia a lo anunciado por la mandataria capitalina respecto a la restitución de inmuebles cuando se acredite la propiedad y se determine que ocurrió un despojo.
“Nos devuelvan nuestra propiedad en el plazo de 15 días”, pidió el propietario citado por el medio nacional. También solicitó que el gobierno local acate la sentencia y concrete la entrega del edificio.
La ocupación comenzó en 2004
De acuerdo con el relato del dueño, en 2004 varias personas ingresaron de manera violenta a algunos departamentos que se encontraban vacíos. Posteriormente, dijo, convencieron a habitantes del edificio para dejar de pagar renta bajo el argumento de que promoverían una expropiación.
El entrevistado indicó que los ocupantes afiliaron a residentes del inmueble a la organización Asamblea de Barrios y acudieron ante el INVI para solicitar un crédito.
En agosto de 2013, el instituto inició un procedimiento de expropiación. Los propietarios promovieron un amparo y, según el testimonio, un juez federal determinó que el INVI había tomado el inmueble de manera ilegal y que no acreditó una posesión legítima del edificio. El procedimiento fue cancelado el 6 de agosto de 2014.
Hubo un segundo intento de expropiación
El propietario agregó que en 2021 el INVI comenzó a integrar una segunda carpeta de expropiación. Los dueños presentaron como antecedente la resolución judicial de 2014, tras lo cual el instituto se desistió, según la narración incluida en el reporte.
El conflicto continuó en tribunales hasta la orden emitida el 2 de junio de 2025. Aunque el INVI promovió una revisión, el dueño sostiene que el tribunal colegiado confirmó posteriormente la sentencia y mantuvo la instrucción de devolver el inmueble.
Los propietarios esperan ahora que las autoridades capitalinas ejecuten la resolución. El reclamo central es que el INVI cumpla la orden judicial después del vencimiento de la última prórroga y que concluya un litigio relacionado con una ocupación iniciada hace 22 años.
