Washington, D.C., Estados Unidos.- La jueza federal Ana Reyes se declaró “furiosa” por la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de talar al menos 430 árboles en el campo de golf público East Potomac, ubicado en Washington y sujeto a un proyecto de renovación impulsado por el mandatario.
Durante una audiencia de emergencia celebrada el lunes, Reyes suspendió provisionalmente cualquier tala adicional hasta la tarde del martes. La magistrada supervisa una impugnación legal contra los planes para remodelar el campo y consideró necesaria la intervención del tribunal ante la posibilidad de que fueran retirados cientos de árboles adicionales.
Reyes reconoció que los tribunales no deberían encargarse de administrar parques y espacios recreativos. Sin embargo, afirmó que la actuación gubernamental la obligó a intervenir. También reprochó a los abogados del Departamento de Justicia que le avisaran con menos de un día de anticipación sobre el inicio de los trabajos.
“Más allá de estar molesta y furiosa, estoy profundamente decepcionada con el Gobierno”, expresó la jueza. Cuando uno de los abogados sostuvo que se había hecho lo posible para notificar al tribunal y a los demandantes, Reyes respondió que las autoridades habían hecho “lo peor que pudieron”.
Funcionarios deben explicar el origen del proyecto
La audiencia virtual se prolongó durante más de tres horas. A petición de la jueza comparecieron dos funcionarios del Servicio de Parques Nacionales para explicar cómo se tomó la decisión de retirar los árboles y cuál era su relación con los planes para renovar el campo.
De acuerdo con uno de los testimonios, el proyecto surgió de una reunión realizada el 5 de octubre. En ella se ordenó ejecutar una propuesta elaborada siete años antes, cuyo objetivo era restaurar el patrimonio cultural del campo de golf y acercar su apariencia a la que tenía cuando fue inaugurado.
Kevin Griess, superintendente del National Mall y de los Parques Conmemorativos, indicó que su oficina identificó la semana anterior los árboles que debían retirarse. También informó que existía la intención de eliminar más de 100 ejemplares en otras áreas del parque.
Griess explicó que los trabajos avanzaron porque recientemente quedaron disponibles trabajadores y recursos del Servicio de Parques Nacionales utilizados durante los eventos del 250 aniversario de Estados Unidos. Aseguró, además, que conocía por redes sociales el proyecto de Trump para remodelar el campo de golf.
Orden para ejecutar un plan de 2019
Frank Lands, subdirector de operaciones del Servicio de Parques Nacionales, declaró que recibió instrucciones para implementar las recomendaciones de un informe de paisajes culturales elaborado en 2019. La indicación habría sido transmitida durante una reunión con Greg Wischer, funcionario del Departamento del Interior.
Según su testimonio, la orden consistía en desarrollar el proyecto lo antes posible, mantener condiciones seguras, evitar interrupciones al juego de golf y completar las evaluaciones ambientales correspondientes. Ninguno de los funcionarios pudo precisar ante la jueza cuál sería el costo final de la tala para los contribuyentes.
Lands también reveló que meses antes recorrió las instalaciones con Tom Fazio, reconocido arquitecto de campos de golf. No obstante, aseguró que posteriormente no mantuvo conversaciones con Fazio ni con la Casa Blanca sobre la renovación planteada por Trump.
Tribunal cuestiona versiones del Gobierno
El Departamento del Interior había informado sobre la tala el viernes por la noche. En el documento correspondiente presentó los trabajos como parte de un programa de mantenimiento de larga duración, sin relación con la renovación o el rediseño del campo. Los equipos comenzaron a retirar árboles la mañana del sábado.
Reyes, quien fue nombrada jueza por el expresidente Joe Biden, cuestionó que algunos funcionarios relacionados con la tala hubieran presentado previamente declaraciones judiciales en las que sostenían que no existían planes concretos para aplicar la renovación propuesta por Trump.
La magistrada señaló que el tribunal debía determinar si recibió información engañosa sobre el proyecto y sus plazos. Anunció otra audiencia para la próxima semana y pidió que estén preparados para testificar un alto funcionario del Departamento del Interior y el director interino del Servicio de Parques Nacionales.
Además, ordenará al Gobierno notificar con 72 horas de anticipación cualquier acción relacionada con el campo East Potomac mientras continúa el litigio. La renovación propuesta, que busca convertir el espacio público en un campo profesional, tendría un costo estimado de entre 20 y 49 millones de dólares.
