Ciudad Juárez, Chihuahua.- La presidencia de la República emitió una postura oficial respecto a la movilización convocada por el partido Morena en el estado de Chihuahua, cuyo objetivo es exigir un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Durante su intervención informativa, la mandataria federal aclaró que las acciones de protesta y las demandas políticas promovidas por dicha organización corresponden exclusivamente a la autonomía del partido y no forman parte de una directriz gubernamental. La mandataria subrayó que el Poder Ejecutivo Federal no interviene en las decisiones estratégicas de las fuerzas políticas, enfatizando que tuvo conocimiento de la convocatoria de manera externa.
La controversia se origina a raíz de un operativo realizado en la Sierra de Chihuahua que involucró la presencia de agentes de inteligencia extranjeros, hecho que ha sido calificado por diversos sectores como una posible violación a la soberanía nacional. Al respecto, la titular del Ejecutivo señaló que no le compete especular sobre las jerarquías de mando o las omisiones informativas de las autoridades locales, ya que dicha responsabilidad recae enteramente en las instancias investigadoras. La postura institucional reafirma que existe una clara separación entre la agenda política del movimiento y las facultades legales del Gobierno de México en materia de seguridad y relaciones internacionales.
En cuanto al desarrollo de las indagatorias, se confirmó que la Fiscalía General de la República es la entidad encargada de conducir el proceso para determinar si existieron faltas graves a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional por parte de los funcionarios estatales involucrados. La mandataria federal insistió en que será el marco de la investigación judicial el que defina las responsabilidades específicas, deslindando al gobierno de cualquier interpretación subjetiva sobre el caso. Esta declaración busca dar claridad sobre el respeto al debido proceso y la independencia que debe prevalecer entre las manifestaciones ciudadanas y las resoluciones de los órganos de justicia federales.
