ASUNCIÓN, Paraguay.— El economista Jorge Schreiner fue designado como nuevo jefe del Banco Central del Paraguay para gestionar la crisis provocada por el cierre del banco digital Ueno, una situación que dejó a millones de clientes sin acceso a sus fondos y abrió un proceso para recuperar recursos públicos depositados en la institución financiera.
La designación fue propuesta por el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, y recibió la aprobación del Congreso. Schreiner llega al cargo después de haber formado parte durante dos años del directorio del Banco Central y de presidir por una década la Comisión Nacional de Valores.
Su nombramiento ocurre en medio de las consecuencias políticas y financieras derivadas de la intervención de Ueno. De acuerdo con el reporte, el cierre de la entidad precipitó la destitución del entonces presidente Santiago Peña mediante un juicio político por mal desempeño, realizado en el Congreso en un contexto de protestas ciudadanas.
Prioridad para los ahorristas
Durante una sesión del Senado, Schreiner afirmó que la emergencia puede ser contenida y que no tendría que extenderse al resto de las instituciones financieras. El funcionario sostuvo que el banco digital tuvo un crecimiento superior al debido, pero consideró que la situación es aislable.
“Una crisis como la que vivimos es una crisis desde mi punto de vista controlada y aislable, porque es un banco que creció más que lo debido pero no va a tener efecto sobre los demás bancos”, declaró Schreiner ante los senadores.
El nuevo titular del Banco Central señaló que la respuesta inmediata debe concentrarse en ofrecer tranquilidad a los clientes afectados. También recordó que los ahorristas se encuentran cubiertos por el programa de garantía de depósitos, mecanismo utilizado por la autoridad monetaria para comenzar con los pagos correspondientes.
Según la información difundida por la entidad emisora, hasta el domingo se había entregado el equivalente a 160 millones de dólares a casi 1.2 millones de ahorristas. Schreiner aseguró que el procedimiento debe avanzar con rapidez para responder a quienes permanecen a la espera de recuperar su dinero.
Revisión de activos y fondos públicos
La siguiente etapa consistirá en identificar los activos sanos del banco y tratar de vincularlos con pasivos considerados prioritarios. Entre ellos se encuentran los fondos de pensiones y, posteriormente, los recursos del propio fondo de garantía, explicó el nuevo responsable del Banco Central paraguayo.
Ueno, propiedad del Grupo Vázquez, contaba con aproximadamente tres millones de clientes y administraba cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos. Esa cantidad incluía más de 300 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social, según los datos incluidos en el reporte.
La institución financiera fue intervenida después de que las autoridades detectaran un déficit en sus márgenes de solvencia. Tras el inicio de la crisis, los directivos del banco fueron imputados y enviados a prisión. El proceso de liquidación también provocó que clientes se concentraran frente a sucursales cerradas para intentar acceder a sus recursos.
La fiscalía imputó posteriormente a Santiago Peña y a Carlos Carvallo por sus presuntos vínculos con el banco. Ambos quedaron bajo prisión preventiva, según el material original. La investigación se desarrolla de manera paralela a las acciones para atender a los depositantes y recuperar los recursos públicos.
Proponen a otro integrante del directorio
Además de la designación de Schreiner, el presidente Pedro Alliana propuso a Fernando Rivarola como miembro del directorio del Banco Central. Rivarola se desempeñó como gerente en la Superintendencia de Bancos y había advertido sobre la situación de Ueno en un informe elaborado después de ser trasladado a otra institución pública.
La nueva conducción del Banco Central tendrá ahora la responsabilidad de continuar los pagos respaldados por la garantía de depósitos, revisar la situación patrimonial de Ueno y establecer el mecanismo para recuperar los fondos públicos, mientras avanzan los procedimientos judiciales relacionados con el colapso de la entidad.
