México.— La crisis de desapariciones en el país llegó a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) activó un mecanismo internacional excepcional para llamar la atención sobre la gravedad del problema.
Juan Pablo Albán, presidente del comité, presentó el caso ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, instancia encargada de asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos. Se trata de un procedimiento inédito, pues es la primera vez que el organismo utiliza el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La activación del mecanismo busca que la comunidad internacional examine qué tipo de apoyo puede ofrecer a México para enfrentar la crisis. Entre las áreas señaladas se encuentran la búsqueda de personas, la investigación de los casos, la identificación forense y la protección de familiares de las víctimas.
Comité documentó indicios de desapariciones generalizadas
El CED tomó la decisión después de analizar información presentada por organizaciones civiles y documentar indicios de desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada o sistemática. De acuerdo con el planteamiento del organismo, estos hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Entre las situaciones revisadas por organizaciones defensoras de derechos humanos se encuentran casos documentados en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. También se incluyen señalamientos sobre la posible participación de agentes estatales o de grupos que habrían actuado con apoyo, autorización o consentimiento de autoridades.
La revisión internacional no comenzó con esta presentación. En 2022, el comité ya había advertido sobre la persistencia de las desapariciones en México, los elevados niveles de impunidad y las dificultades estructurales para buscar a las personas e investigar los hechos.
La llegada del tema a la Asamblea General abre distintas posibilidades de cooperación. Los países miembros podrían solicitar al Gobierno mexicano que acepte o amplíe la asistencia internacional, además de ofrecer respaldo técnico y financiero o compartir herramientas y experiencias que ayuden a fortalecer las investigaciones.
Procedimiento no impone sanciones automáticas
Otra posibilidad es que el caso sea remitido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar medidas adicionales, como la eventual creación de un mecanismo especializado. Sin embargo, ninguna de estas opciones es automática y su aplicación dependerá de las determinaciones que adopten los órganos correspondientes de Naciones Unidas.
Albán ha aclarado que el procedimiento no representa una declaración de responsabilidad internacional contra México, tampoco sustituye las funciones de las autoridades nacionales ni impone sanciones por sí mismo. Su alcance consiste en colocar el asunto ante la comunidad internacional y analizar posibles respuestas de cooperación.
El Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la decisión del comité. La administración federal considera que el CED realizó una interpretación jurídica incorrecta sobre la situación del país y rechaza que existan elementos para sostener que las desapariciones forzadas ocurren de manera generalizada o sistemática.
Al mismo tiempo, el Gobierno mexicano sostiene que mantiene apertura a la cooperación técnica internacional. Su desacuerdo se concentra en las conclusiones del comité y en la manera en que el mecanismo previsto en el artículo 34 fue aplicado al caso de México.
Colectivos han cuestionado el registro nacional
La controversia también está relacionada con la forma en que las autoridades contabilizan los casos. En marzo de 2026, el Gobierno presentó una nueva interpretación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de acuerdo con la información disponible.
Los cambios generaron críticas entre colectivos de búsqueda, principalmente por la metodología utilizada y por señalamientos de falta de transparencia. Estas agrupaciones han insistido en la necesidad de contar con registros confiables, investigaciones efectivas y mecanismos que permitan localizar e identificar a las personas.
La intervención de la Asamblea General inicia ahora una etapa de análisis internacional. Cualquier asistencia, mecanismo adicional o medida relacionada con el caso deberá ser discutida y aprobada por las instancias competentes de la ONU, sin que la presentación realizada por el CED determine por sí sola una resolución contra México.
