México.- La violencia desatada entre facciones del Cártel de Sinaloa después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada abrió un debate sobre el papel que presuntamente desempeñaba el narcotraficante más allá de la estructura delictiva. Un análisis sostiene que su influencia habría alcanzado el terreno político y que su ausencia dejó al descubierto la incapacidad institucional para contener el conflicto.
El planteamiento parte de la confrontación entre grupos identificados como “Los Mayitos” y “Los Chapitos”. Según esta interpretación, el enfrentamiento no solamente representa una disputa por el control de actividades ilícitas, sino una crisis que permite discutir hasta qué punto las organizaciones criminales pueden intervenir en la gobernabilidad de una entidad.
La tesis central apunta hacia la llamada “gobernanza criminal”, concepto utilizado para describir escenarios en los que las autoridades pierden capacidad para ejercer plenamente sus funciones y los grupos delictivos llegan a imponer reglas, controlar territorios o influir en decisiones públicas.
Señalamientos sobre el poder político
El texto original afirma que Zambada operaba como un eje político en Sinaloa y lo vincula con el entorno del gobernador Rubén Rocha Moya. Sin embargo, las acusaciones presentadas no están acompañadas en el material de resoluciones judiciales, expedientes públicos o documentos oficiales que permitan acreditarlas de manera independiente.
También se menciona una supuesta solicitud de arresto y extradición contra Rocha Moya, así como señalamientos avalados por un Gran Jurado en Estados Unidos. Debido a que el material no incluye datos del tribunal, número de expediente, fecha o autoridad responsable, estas afirmaciones deben manejarse como señalamientos pendientes de comprobación y no como hechos judicialmente establecidos.
El análisis agrega que presuntos acuerdos entre actores políticos y organizaciones criminales habrían tenido incidencia en los procesos electorales de 2021 y 2024. Nuevamente, el documento no aporta elementos verificables que permitan confirmar la existencia y alcance de esos pactos.
La discusión entre México y Estados Unidos
Otro eje del planteamiento es la responsabilidad compartida entre los países involucrados en la producción, tráfico y consumo de drogas. El texto reconoce que la demanda estadounidense representa un factor económico para el mercado ilícito, pero argumenta que ese elemento no elimina la obligación de México de enfrentar las estructuras dedicadas a producir y trasladar narcóticos.
Al mismo tiempo, cuestiona la capacidad de las autoridades estadounidenses para reducir el consumo y desmantelar las células que operan dentro de su territorio. La columna presenta esta situación como una corresponsabilidad que debería formar parte del diálogo bilateral, en lugar de reducir el problema a acusaciones de un solo lado de la frontera.
El documento atribuye al presidente Donald Trump señalamientos sobre una presunta “narcopolítica” mexicana y retoma argumentos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la demanda de drogas en Estados Unidos. No obstante, el material no ofrece fechas completas, transcripciones ni documentos que permitan contextualizar cada declaración.
Decomisos frente a estructuras criminales
El análisis cuestiona una estrategia basada principalmente en decomisos y detenciones de operadores de menor nivel. De acuerdo con esa postura, quitar cargamentos de circulación no necesariamente elimina las redes financieras, políticas, logísticas y territoriales que permiten continuar la producción y el tráfico.
La captura de Zambada es presentada como un punto de ruptura dentro del Cártel de Sinaloa. Para el autor, la confrontación posterior mostraría que existía un equilibrio interno cuya desaparición aceleró la disputa entre facciones. Sin embargo, establecer si el narcotraficante cumplía una función política requiere investigaciones y pruebas adicionales.
El debate de fondo no se limita a determinar si la demanda genera la oferta. También incluye la fortaleza de las instituciones, la rendición de cuentas, la investigación de posibles redes de protección y la capacidad de ambos países para actuar contra todos los eslabones del mercado ilegal. Las responsabilidades penales o políticas, en cualquier caso, deberán definirse con evidencia y mediante las instancias competentes.
