México.— La violencia desatada en Sinaloa después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada abrió un nuevo debate sobre la capacidad de las autoridades para conservar la gobernabilidad y enfrentar la influencia política de los grupos del narcotráfico, de acuerdo con una columna de opinión de Carlos Ramírez.
El autor sostiene que la confrontación entre las facciones identificadas como “Los Mayitos” y “Los Chapitos”, ambas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, no solamente representa una disputa por el control de una organización criminal. Desde su perspectiva, también exhibe el peso que habría tenido Zambada dentro del equilibrio político y de seguridad de la entidad.
La tesis central de la columna es que, al relacionar la captura de “El Mayo” con el aumento de la violencia, las propias declaraciones gubernamentales terminarían por reconocer de manera indirecta que el capo cumplía una función política en Sinaloa. Ramírez interpreta este escenario como una señal de debilidad institucional y cuestiona la actuación del gobernador Rubén Rocha Moya.
El debate sobre la gobernanza criminal
El columnista utiliza el concepto de “gobernanza criminal” para describir una situación en la que las autoridades políticas y administrativas pierden capacidad para garantizar el orden, mientras actores delictivos adquieren influencia sobre decisiones, territorios o estructuras locales.
Según su análisis, la violencia posterior a la captura de Zambada mostraría que el funcionamiento de Sinaloa dependía, al menos parcialmente, de acuerdos o equilibrios ajenos a las instituciones formales. Se trata de una interpretación del autor y no de una determinación judicial presentada en el material original.
Ramírez también retoma las acusaciones de Donald Trump contra la llamada “narcopolítica” mexicana y el uso del término “narcoestado”. A su juicio, México no ha respondido de manera suficiente a esos señalamientos mediante acciones operativas o explicaciones institucionales.
La columna afirma, además, que existiría una solicitud estadounidense para detener con fines de extradición al gobernador Rocha Moya y a otras nueve personas. Sin embargo, el material proporcionado no incluye documentos judiciales, comunicados oficiales ni elementos independientes que permitan corroborar esa aseveración. Por ello, debe entenderse como un señalamiento contenido en el texto de opinión y no como un hecho confirmado.
Demanda de drogas y responsabilidad compartida
Otro de los ejes del análisis es la responsabilidad de Estados Unidos en el consumo de drogas. El autor reconoce que la demanda influye directamente en la oferta y cuestiona la capacidad de las autoridades estadounidenses para impedir que las sustancias lleguen a sus consumidores.
En esa discusión también aparece la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de que Estados Unidos atienda su consumo interno. Ramírez considera válido ese argumento, aunque advierte que México debe ir más allá de los decomisos y combatir las estructuras de producción, protección política y operación territorial de los cárteles.
La columna contrasta los señalamientos contra políticos mexicanos con la falta de evidencias públicas, dentro del material analizado, sobre gobernadores, senadores o funcionarios estadounidenses aliados directamente con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Una estrategia más allá de las capturas
Para el autor, detener mandos menores no desmantela a las organizaciones porque sus líneas de sucesión permiten que continúen operando. En el caso de Sinaloa, sostiene que diversas figuras conservarían protección institucional, aunque tampoco presenta en el texto documentación que acredite responsabilidades penales específicas.
Su conclusión es que la estrategia contra el narcotráfico debe surgir de una decisión soberana del Estado mexicano y no únicamente de la presión ejercida por Washington. Esa política, plantea, tendría que enfocarse en las redes criminales, financieras, productivas y políticas que hacen posible la permanencia de los cárteles.
El planteamiento de Ramírez coloca en el centro una pregunta todavía abierta: si el incremento de la violencia tras la captura de “El Mayo” fue solamente consecuencia de una disputa criminal o si también reveló la existencia de un sistema informal de control político y territorial en Sinaloa.
