Más de 10 mil mexicanos han promovido acciones legales para intentar frenar el registro obligatorio de líneas celulares, pese a que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) amplió el plazo para realizar el trámite hasta el 31 de diciembre de 2026. De acuerdo con un reporte de Expansión Política, actualmente existen alrededor de 10 mil 300 personas que buscan impedir que sus números sean incorporados al padrón.
La estrategia jurídica está integrada por un amparo colectivo y más de 9 mil amparos individuales. El movimiento es encabezado por el diputado local de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, quien afirmó que el objetivo no es obtener más tiempo para cumplir con el registro, sino eliminar la obligación y evitar que las compañías telefónicas suspendan el servicio a quienes decidan no inscribirse.
El debate también ha llegado a los tribunales. En semanas recientes, jueces han concedido suspensiones provisionales en algunos casos relacionados con el uso de datos biométricos, al considerar que los lineamientos de la CRT no obligan a conservar información como fotografías o huellas dactilares una vez concluida la verificación de identidad. Especialistas en privacidad también han señalado que dichos datos deben eliminarse tras completar el proceso.
Mientras continúan los amparos, el registro obligatorio permanece vigente para la mayoría de los usuarios. La CRT informó que ya se han vinculado 63 millones de líneas móviles, al sostener que la medida busca combatir delitos como la extorsión y el fraude mediante la identificación de los titulares de los números telefónicos. No obstante, el alcance de esta obligación será definido en los tribunales conforme avancen los procesos judiciales.
