Pompano Beach, Florida. Inés Gómez Mont continúa bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mientras su defensa impulsa un procedimiento ante una corte federal para buscar su liberación. Al corte informativo del 3 de noviembre citado en el reporte, no se había anunciado que la expresentadora hubiera recuperado su libertad.
Gómez Mont fue detenida por autoridades migratorias el 30 de octubre en Florida y permanece en el Broward Transitional Center, instalación ubicada en Pompano Beach. Hasta el momento señalado por la información disponible, tampoco existía una fecha confirmada para su salida del centro o para un posible traslado a México.
La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que la detención está relacionada con la situación migratoria de la conductora en Estados Unidos. Por tanto, el arresto no habría ocurrido como ejecución directa de las órdenes de aprehensión que permanecen vigentes en territorio mexicano.
Defensa solicita que un juez revise la detención
Los abogados de Gómez Mont presentaron el 31 de octubre una demanda de habeas corpus ante una corte federal de Florida. Este mecanismo legal permite solicitar la intervención de un juez para revisar si una persona se encuentra detenida conforme a la ley.
La defensa también pidió una medida de emergencia para impedir que la expresentadora fuera enviada a otro centro migratorio mientras se analiza el recurso. Sin embargo, el juez federal Jeffrey Kuntz no concedió de inmediato esa protección.
El juzgador sí requirió a las autoridades migratorias explicar las razones por las que mantienen a Gómez Mont bajo custodia. El plazo mencionado en la información del caso vencía el 4 de noviembre. El expediente se encontraba bajo reserva y no se había dado a conocer una resolución que autorizara su liberación.
Debido a que el procedimiento seguía abierto al momento del reporte, no era posible confirmar si la conductora sería liberada, permanecería detenida o enfrentaría alguna determinación migratoria distinta. La decisión corresponde a las autoridades y tribunales estadounidenses competentes.
FGR reporta tres órdenes de aprehensión en México
Mientras se define su situación migratoria en Estados Unidos, la FGR sostiene que existen tres órdenes de aprehensión vigentes contra Gómez Mont en México.
Una de ellas está relacionada con su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos corresponden a señalamientos por presunta defraudación fiscal equiparada.
De acuerdo con las investigaciones referidas por la Fiscalía, la expresentadora presuntamente recibió recursos de procedencia ilícita en cuentas personales mediante un posible esquema de desvío y triangulación de dinero público, en el cual habrían sido utilizadas empresas fantasma.
La institución también sostiene que Gómez Mont habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos. Estas acusaciones deberán ser examinadas y resueltas por las autoridades judiciales correspondientes.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, explicó que México solicitó desde septiembre de 2025 la detención provisional de la conductora con fines de extradición y que posteriormente se integró la petición formal correspondiente.
Deportación y extradición son procedimientos diferentes
El eventual regreso de Gómez Mont a México dependerá de las determinaciones adoptadas en Estados Unidos. Si las autoridades estadounidenses resuelven deportarla, la FGR señaló que podría ejecutar las órdenes de aprehensión cuando la conductora llegue a territorio mexicano.
La deportación y la extradición son procedimientos distintos. La primera deriva de una determinación migratoria del país donde se encuentra una persona. La segunda requiere un proceso legal mediante el cual un Estado solicita formalmente a otro la entrega de alguien requerido por su sistema de justicia.
Hasta el corte de la información no se había confirmado una deportación, una extradición ni una orden judicial de liberación. Gómez Mont conserva la presunción de inocencia y su responsabilidad únicamente podrá ser determinada por los tribunales competentes.
