México.— El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara un plan para auditar sus contratos vigentes, revisar a las empresas que le prestan servicios y habilitar mecanismos para que la ciudadanía pueda denunciar posibles anomalías, luego de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante la gestión de Guadalupe Taddei.
La propuesta, elaborada por las diez consejerías, será llevada al Consejo General para su discusión. Su objetivo es reforzar los controles administrativos, transparentar el uso de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana en medio de la reestructuración interna del organismo electoral.
Entre las acciones planteadas se encuentra la contratación de auditorías externas para revisar todos los acuerdos vigentes del instituto. Si durante esos trabajos se detectan posibles irregularidades, el INE podría rescindir contratos, siempre que existan elementos jurídicos y contractuales suficientes y se cumplan los procedimientos aplicables.
Revisión de empresas proveedoras
El plan no se limitaría al contenido de los contratos. Las consejerías también proponen investigar la estructura gerencial y administrativa de las personas físicas y morales que mantienen relaciones comerciales con el organismo, además de identificar a sus socios y accionistas.
El instituto solicitaría a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización emergente. También pediría información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre posibles hallazgos relacionados con proveedores y realizaría verificaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), particularmente sobre la situación fiscal de las empresas.
Otra medida consiste en resguardar la documentación vinculada con adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública. En caso de que las investigaciones aporten elementos sobre posibles conductas ilegales, se presentarían las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
Micrositio para reportes ciudadanos
La propuesta incluye crear un micrositio dentro del portal institucional para que la población pueda reportar posibles irregularidades en los procesos de contratación. El INE también pretende establecer un protocolo que unifique los mecanismos de denuncia y mejore los procedimientos administrativos.
Las reglas de contratación para el ejercicio presupuestal de 2027 también serían modificadas con disposiciones destinadas a garantizar mayor publicidad, transparencia y trazabilidad. La intención es conservar documentación suficiente para conocer cómo fueron asignados los recursos y quiénes participaron en cada procedimiento.
ASF ampliaría revisión histórica
De acuerdo con la información dada a conocer, la ASF mantiene tres líneas de trabajo relacionadas con posibles anomalías en adquisiciones y servicios: investigaciones de oficio sobre contrataciones del INE, del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE); una revisión de adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025; y una auditoría integral al instituto y al gasto federalizado ejercido por autoridades electorales locales.
El análisis histórico buscaría identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas contrarias a la ley. La ASF pretende determinar si grupos empresariales o servidores públicos participaron en actos irregulares durante la asignación de contratos y el manejo de recursos.
Reestructuración y posibles denuncias
Las revisiones ocurren después de los señalamientos por presuntos conflictos de interés y contratos con proveedores durante la gestión de Taddei. Entre los nombres mencionados en investigaciones periodísticas se encuentra el empresario José Alfredo Hernández Casillas, por supuestos vínculos con compañías proveedoras. Estos señalamientos no equivalen a una determinación de responsabilidad.
La información disponible señala que la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, informó que las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar a quienes pudieran resultar responsables.
En el contexto de la reestructuración, el instituto reportó 30 renuncias de funcionarios, incluidas 17 personas adscritas a la oficina de Taddei. También se planteó revisar los perfiles y el desempeño de quienes integran la Junta General Ejecutiva.
Como antecedente, las indagatorias mencionan contratos por 8 mil 870 millones de pesos relacionados con dos grupos empresariales entre 2014 y 2026. De esa cantidad, 430 millones corresponderían al INE y 3 mil 790 millones a organismos electorales locales.
Entre las prácticas bajo revisión se encuentran una posible simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre empresas de un mismo grupo y el eventual uso de compañías fachada. Por ahora, se trata de señalamientos pendientes de investigación. Las auditorías y las indagatorias de la ASF y la FGR deberán establecer si existieron irregularidades y, en su caso, determinar responsabilidades.
