Ciudad Juárez, Chihuahua.- A su salida de las instalaciones centrales de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, emitió un enérgico pronunciamiento público en el cual afirmó ser víctima de una persecución política instrumentada por el gobierno federal. Acompañada por su representante legal, Roberto Gil Zuarth, y por el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, la mandataria estatal denunció el uso selectivo del aparato de justicia como un mecanismo de hostigamiento en contra de las administraciones de oposición.
Durante su discurso, el equipo legal y político de la gobernadora desconoció formalmente la facultad del Ministerio Público federal para aplicar actos de molestia o requerimientos judiciales contra su persona. La defensa argumentó que la investidura de Campos Galván está protegida por la inmunidad constitucional, la cual, señalaron, tiene la función de salvaguardar a los servidores públicos frente a procesos penales arbitrarios. Asimismo, calificaron el citatorio recibido como una simulación procesal que carece del rigor mínimo, de motivación jurídica clara y que omite especificar el objeto real de la investigación penal en curso.
Por su parte, la jefa del ejecutivo chihuahuense calificó la actuación de las autoridades federales como una muestra de autoritarismo que atropella de manera directa la Constitución y su derecho a la presunción de inocencia. Campos Galván arremetió contra lo que denominó el “doble rasero” del régimen del partido Morena, señalando una supuesta disparidad en el actuar de la fiscalía; acusó que mientras a su gobierno se le ataca sin fundamentos, a funcionarios de otras entidades con presuntos señalamientos delictivos internacionales se les concede protección institucional. Ante este escenario, la dirigencia partidista que la respaldaba advirtió sobre posibles movilizaciones sociales masivas en defensa de la soberanía del estado de Chihuahua.
